El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan volvió a poner en evidencia el interés que genera la administración de justicia como ámbito laboral. Según explicó el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, alrededor de 11.000 personas se inscribieron para participar del proceso, aunque la cantidad de postulantes que finalmente se presenta a rendir se reduce de manera considerable.
En una entrevista con el programa “De qué se trata”, de La Mil 20, el titular de la Corte explicó que fueron convocadas unas 720 personas por jornada para la primera instancia, vinculada con una prueba de dactilografía, pero que la asistencia efectiva se ubicó en torno de las 350 a 400 personas por día.
De acuerdo con sus datos, aproximadamente el 60% de quienes se presentan logra superar esta primera evaluación.
La prueba, además, fue modificada respecto del concurso anterior. En esta oportunidad se estableció como parámetro escribir 100 palabras correctamente en cuatro minutos, equivalente a unas 25 palabras por minuto. Olivares Yapur explicó que la modificación buscó establecer una exigencia considerada razonable para las tareas que se desarrollan en el Poder Judicial, donde se utilizan computadoras de escritorio bajo estrictos protocolos de seguridad informática.
El magistrado atribuyó parte de la deserción inicial a que muchos aspirantes se inscriben sin conocer en profundidad las características del proceso y recién cuando comienza el concurso toman dimensión de las exigencias y de lo que implica trabajar en la Justicia.
“Los que trabajamos en tribunales somos servidores públicos”, remarcó, y sostuvo que la tarea requiere capacitación, especialización y una vocación orientada a atender a quienes recurren al sistema judicial para reclamar por sus derechos.
Un concurso que también llegará a Jáchal e Iglesia
Uno de los cambios que destacó el presidente de la Corte es la decisión de llevar el concurso a la Segunda Circunscripción Judicial, para que habitantes de Jáchal e Iglesia puedan participar sin tener que trasladarse hasta la Capital.
La medida apunta, según explicó, a facilitar el acceso de vecinos de esos departamentos a puestos laborales en el Poder Judicial y, al mismo tiempo, resolver una dificultad que se había presentado en anteriores procesos: la complejidad de trasladar o radicar trabajadores de la Primera Circunscripción en el norte sanjuanino.
“Hay mucha gente que vive ahí y tiene todas las capacidades necesarias para trabajar en el Poder Judicial”, señaló.
La descentralización adquiere además una perspectiva de futuro, vinculada con el crecimiento de la Segunda Circunscripción y con el desarrollo de la actividad minera en esa zona.
En ese contexto, Olivares Yapur confirmó que el nuevo edificio judicial de Jáchal se encuentra en torno al 95% de avance de obra y estimó que podría ser inaugurado durante noviembre. El inmueble permitirá concentrar allí los distintos fueros judiciales y fue definido por el presidente de la Corte como una obra “trascendental e histórica” para la Justicia sanjuanina.
Todavía no está definida la fecha exacta para que los postulantes de Jáchal e Iglesia rindan. La Corte prevé trasladar hasta la Segunda Circunscripción las computadoras y el sistema necesario para realizar las evaluaciones.
Más de 2.000 aprobados y sin ingreso automático
Olivares Yapur también aclaró uno de los aspectos centrales del concurso: aprobar no significa obtener inmediatamente un puesto en el Poder Judicial.
La convocatoria genera una lista de aspirantes de la cual se podrán cubrir las vacantes que se produzcan posteriormente. Los cargos, explicó, deben existir previamente y su creación requiere una ley aprobada por la Legislatura.
El presidente de la Corte estimó que más de 2.000 personas podrían superar el concurso, mientras que las vacantes que habitualmente se producen por jubilaciones, fallecimientos u otras situaciones rondarían las 25 por año.
“Es un concurso de aspirantes”, resumió.
La expectativa de la Corte es que la lista pueda servir también para cubrir futuras necesidades si se crean nuevos cargos administrativos a partir de modificaciones en la estructura judicial.
La Corte pedirá más cargos para la Justicia
Uno de los anuncios de mayor impacto de la entrevista estuvo relacionado con la necesidad de ampliar la planta del Poder Judicial.
Olivares Yapur explicó que, después de varios años de funcionamiento del sistema acusatorio, la Corte considera que existen elementos concretos para dimensionar nuevas necesidades de personal.
El pedido no se limitará al área penal. Según detalló, la solicitud de nuevos cargos será incorporada al próximo presupuesto y contemplará requerimientos formulados por distintos sectores del sistema judicial, entre ellos el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General y las oficinas judiciales.
El presidente de la Corte señaló que el sistema acusatorio comenzó a implementarse en 2021 y que posteriormente fue incorporando de manera gradual los distintos delitos contemplados en el Código Penal.
La dinámica actual, agregó, es diferente a la de años anteriores: la Justicia Penal funciona bajo un esquema de atención permanente durante las 24 horas, los siete días de la semana, lo que incrementó las necesidades de personal y organización.
Para Olivares Yapur, la experiencia acumulada durante estos años permite ahora evaluar con mayor precisión qué estructura necesita el Poder Judicial.
La Justicia Penal Juvenil también demanda una nueva estructura
Otro de los temas abordados fue la reciente adecuación transitoria del régimen Penal Juvenil en San Juan.
La Cámara de Diputados aprobó el 14 de septiembre una normativa transitoria para adaptar el proceso provincial a la nueva legislación nacional, mientras se avanza hacia una reforma procesal integral. La norma incorpora, entre otros aspectos, mecanismos como la conciliación, la reparación integral, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado.
En este punto, Olivares Yapur fue categórico al señalar que la estructura actual resulta insuficiente para afrontar las nuevas demandas.
Según explicó, San Juan cuenta actualmente con cuatro jueces con competencia Penal Juvenil, dos correspondientes a la Primera Circunscripción y dos a la Segunda. El titular de la Corte sostuvo que también serán necesarios más fiscales, defensores y asesores especializados.
La adecuación no implica solamente sumar personal. También exige adaptar las estructuras a las características particulares de los procesos que involucran a niños y adolescentes.
La normativa transitoria aprobada por la Legislatura fue concebida precisamente como una etapa intermedia hasta que San Juan avance hacia una adecuación definitiva de su legislación procesal.
En paralelo, Olivares Yapur señaló que la Corte mantiene reuniones con funcionarios del Ejecutivo provincial para buscar soluciones y adecuar el funcionamiento del sistema.
“Ser juez no es un privilegio”
Durante la entrevista, el presidente de la Corte también puso el foco en el vínculo entre la Justicia y la sociedad.
A su entender, el Poder Judicial atravesó una transformación profunda durante las últimas décadas, con un proceso que vinculó con las reformas constitucionales y con la consolidación democrática.
“Ser juez no es un privilegio”, sostuvo, al remarcar que quienes integran el Poder Judicial son servidores públicos y tienen obligaciones específicas frente a la ciudadanía.
En ese sentido, reivindicó la apertura institucional y el contacto con los medios de comunicación como herramientas para acercar la Justicia a la sociedad.
También destacó que el Poder Judicial tiene entre sus objetivos la pacificación social y el acceso a justicia, dado que buena parte de los conflictos que llegan a los tribunales se tramitan en las jurisdicciones provinciales.
La defensa de la transparencia en los nombramientos
Otro tramo de la entrevista estuvo relacionado con las críticas que suelen generarse alrededor de los ingresos y ascensos dentro del Poder Judicial.
Olivares Yapur defendió el mecanismo de concursos y la publicación posterior de las decisiones administrativas. Explicó que los ascensos e ingresos son actos administrativos de alcance individual y que, antes de hacer pública una acordada, se debe notificar formalmente a las personas involucradas.
Una vez cumplida esa instancia, las resoluciones son publicadas en el sitio oficial del Poder Judicial.
Frente a los cuestionamientos que pueden aparecer cuando un apellido conocido ingresa o asciende dentro de la estructura judicial, el presidente de la Corte defendió la igualdad de oportunidades y el derecho de cualquier persona a participar de un concurso.
Incluso relató su propia historia: contó que su padre fue juez durante 29 años y que él comenzó a acercarse a los tribunales desde muy pequeño. A los 17 años realizó un curso de dactilografía y a los 18 ingresó al Poder Judicial después de rendir un examen.
Actualmente lleva, según relató, 44 años dentro de la Justicia.
“¿Por qué le vamos a negar a nuestro hijo la posibilidad de ir a rendir un concurso?”, planteó, al sostener que el parentesco no debería impedir que una persona pueda acceder a una oportunidad laboral si cumple con los requisitos y supera las instancias de selección.
Para Olivares Yapur, el criterio central debe ser la igualdad de oportunidades y la transparencia del proceso.
Una Justicia que busca acercarse al ciudadano
En el tramo final de la entrevista, el presidente de la Corte hizo referencia a los cambios institucionales que experimentó el Poder Judicial en las últimas décadas y al desarrollo de herramientas de comunicación para acercar la actividad judicial a la ciudadanía.
En esa línea, destacó la existencia de áreas de comunicación, la difusión de audiencias y el contacto directo con los medios como parte de una transformación en la concepción del servicio de Justicia.
La idea que atravesó buena parte de su exposición fue que el Poder Judicial no debe funcionar como una estructura aislada, sino como un servicio destinado a garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos.
En ese marco, Olivares Yapur planteó que el desafío hacia adelante será acompañar el crecimiento de la demanda judicial con más personal, nuevas estructuras, capacitación y una mayor presencia territorial, especialmente en zonas como Jáchal e Iglesia.
“Lo que nosotros queremos es acceso a justicia. Que tenga el ciudadano la justicia a mano”, sinte