La
conmemoración consecutiva del Día del Trabajador Vial y el Día del
Camino encuentra a los trabajadores de la infraestructura vial en un
escenario de fuerte incertidumbre institucional y presupuestaria. Lejos de
tratarse de un debate administrativo, la situación impacta en la conectividad
física de la Argentina, la seguridad edilicia de las carreteras y el desarrollo
de las economías regionales.
El secretario
general de STVyARA en San Juan, Carlos José Ordóñez, graficó el momento con
contundencia: «Hoy hablar del Día del Camino en la Argentina tiene un
significado muy especial porque estamos atravesando probablemente uno de los
momentos más críticos de la historia de Vialidad Nacional». Según
explicó el dirigente, la crisis abarca «las rutas nacionales, la
seguridad vial, la producción, el turismo, las economías regionales y la
integración de un país enorme como es la Argentina».
Ordóñez
denunció la existencia de un esquema metódico que afecta el funcionamiento del
organismo público: «Hay un proceso de debilitamiento muy profundo de Vialidad
Nacional. Primero la desfinancian, después paralizaron las obras, se redujo el
personal con un retiro voluntario donde se fueron 609 compañeros y
compañeras… y después aparece el argumento de que el organismo ya no puede
cumplir con las responsabilidades». A su juicio, esta mecánica busca
justificar la transferencia de rutas a los gobiernos provinciales o su entrega
a concesiones privadas.
«Vialidad
Nacional no es una oficina en Buenos Aires»: Presencia e integración en el
territorio
Frente a las
propuestas de provincialización o privatización, el gremialista resaltó el
carácter federal y operativo de la Dirección Nacional de Vialidad, destacando
su presencia permanente en todos los rincones del país.
«Vialidad
nacional no es una oficina en Buenos Aires, está presente en todo el territorio
argentino, está cuando hay una creciente, como soportamos acá en San Juan,
cuando se corta una ruta, cuando hay un derrumbe, cuando una provincia queda
aislada, cuando hay que habilitar un camino para que pase una ambulancia, la
producción o simplemente una familia».
En esa línea,
remarcó la diferencia entre la lógica del mercado y el rol de fomento que debe
asumir el Estado en materia de comunicación terrestre. «El Estado no
puede mirar solamente donde hay rentabilidad, tiene que estar donde existe una
necesidad, eso es indelegable», enfatizó, advirtiendo sobre las
secuelas de traspasar corredores viales a las provincias sin la asignación de
recursos correspondientes, lo que obliga a las administraciones locales a
endeudarse o aplicar peajes de costo desmedido en trazas con bajo tránsito
medio diario.
Capacidad
técnica, fuga de cerebros y el desafío extremo en la Alta Cordillera
Uno de los
aspectos más críticos señalados por el referente sindical es el vaciamiento de
capital humano especializado, acumulado a lo largo de décadas en las cuadrillas
y distritos de todo el país. Tras atravesar un período de 14 meses con salarios
congelados y reestructuraciones, numerosos profesionales e ingenieros han
optado por alejarse de la institución.
«Se
están yendo buscando otra posibilidad, y estamos perdiendo una capacidad
técnica y profesional muy grande. Formar otra vez ese cuerpo profesional y
técnico y operario que tiene la Dirección Nacional de Vialidad va a ser muy
difícil», advirtió
Ordóñez. En San Juan, el primer retiro voluntario implicó la salida de 25
agentes —varios de ellos profesionales calificados— y se prevé un impacto mayor
con el nuevo retiro voluntario que anunció el gobierno a partir de noviembre.
Esta pérdida de
capacidades contrasta con el despliegue diario que realizan las cuadrillas
viales en zonas complejas como la Alta Cordillera. En la Ruta Nacional 150
y los pasos internacionales, los trabajadores operan para despejar los intensos
temporales de nieve y garantizar la apertura hacia Chile, trabajando con
severas limitaciones operativas y sin la renovación de elementos de seguridad
desde hace tres años.
El desvío de
fondos viales y el futuro de las rutas
Al abordar la
sustentabilidad económica del sistema vial, Ordóñez apuntó contra el destino de
los fondos específicos recaudados a través del impuesto a los combustibles
(SISVIAL). Según detalló, de más de 1,5 billones de pesos recaudados bajo este
concepto por la administración nacional, solo se volcaron aproximadamente
350.000 millones a las rutas, utilizándose el resto para sostener metas
financieras y el superávit fiscal.
Finalmente, de
cara al futuro del sector y en conmemoración de la labor de quienes construyen
y mantienen la red vial del país, el titular de STVyARA llamó a defender la
continuidad institucional del organismo: «El Estado tiene que estar
donde hay una necesidad, no donde hay un negocio… no podemos seguir
destruyendo un organismo que fue señero en toda América Latina en el desarrollo
de la comunicación terrestre».