Una ortopedia de San Juan quedó en el centro de una investigación judicial luego de sufrir una millonaria estafa bancaria. En apenas un fin de semana, desconocidos consiguieron ingresar a la cuenta de la empresa y concretaron casi 30 transferencias que, en conjunto, representaron una pérdida cercana a los $200 millones.
La causa está en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, desde donde buscan determinar quiénes participaron de la maniobra, hacia dónde terminó el dinero y qué posibilidades existen de recuperar parte del monto sustraído.
El episodio habría comenzado de una manera que, a simple vista, parecía completamente habitual. Uno de los responsables de la ortopedia necesitaba realizar una gestión bancaria y recurrió a Google para encontrar un número telefónico de la entidad. Después de comunicarse y cortar la llamada, recibió un nuevo llamado que terminó siendo el punto de partida del fraude.
Según fuentes judiciales, los estafadores se hicieron pasar por personal vinculado al banco y convencieron a la víctima de que existía un inconveniente de seguridad con su cuenta.
A partir de allí, le indicaron una serie de pasos que, bajo el argumento de proteger el dinero y verificar movimientos sospechosos, terminaron permitiéndoles obtener información necesaria para ingresar a la cuenta.
Una vez que consiguieron el acceso, comenzó el vaciamiento. La cantidad de operaciones realizadas en tan poco tiempo llamó especialmente la atención de los investigadores: fueron cerca de 30 transferencias durante menos de dos días, con montos individuales que oscilaron entre $1 millón y $10 millones.
El perjuicio acumulado se aproximó así a los $200 millones, una cifra que generó preocupación dentro de la investigación por la velocidad con la que fueron ejecutadas las operaciones.
Además del mecanismo utilizado para acceder a la cuenta, la Fiscalía puso el foco en el comportamiento posterior del dinero. La pesquisa preliminar señala que los fondos fueron enviados a diferentes cuentas intermediarias y que, posteriormente, podrían haber terminado en billeteras virtuales o incluso dentro de circuitos relacionados con criptomonedas.
Ese recorrido representa una dificultad adicional para los investigadores, ya que cada transferencia puede generar nuevos movimientos y hacer más complejo el seguimiento de los fondos.
Desde la UFI se dispusieron medidas destinadas a bloquear algunas de las cuentas que recibieron el dinero. Sin embargo, la denuncia no se realizó inmediatamente después de las operaciones y, para cuando se activaron las medidas judiciales, parte del dinero ya podría haber sido desplazado hacia otros destinos.
En ese contexto, fiscalía también puso bajo la lupa el volumen de las operaciones realizadas desde la cuenta de la empresa y planteó un interrogante sobre los mecanismos de alerta de las entidades financieras frente a movimientos inusuales.
El caso volvió a poner en escena una modalidad de estafa que se inicia fuera de la aplicación bancaria y que apunta directamente a obtener las claves o datos de acceso de las víctimas.
Por eso, desde la Fiscalía remarcaron la importancia de no buscar números telefónicos de bancos a través de Google, especialmente cuando se necesita realizar una gestión urgente. La recomendación es utilizar los canales oficiales que aparecen dentro de la propia aplicación bancaria, una tarjeta o documentación entregada previamente por la entidad.
La investigación continúa ahora con el objetivo de reconstruir el camino que siguieron los casi $200 millones, identificar a los responsables y establecer qué parte del dinero puede ser recuperada.