En septiembre de 2026, el Sector Público Nacional (SPN)
registró un superávit primario de $1,43 billones y un saldo financiero
positivo de $0,98 billones. Sin embargo, la dinámica detrás de estas
cifras refleja que la sostenibilidad del resultado fiscal descansa casi de
manera exclusiva en la contracción de las erogaciones estatales. Mientras los
ingresos totales cayeron un 10,8% real en los primeros tres trimestres
de 2026 respecto al mismo período de 2023, los gastos se redujeron un 29,7%
real en ese mismo lapso, compensando la pérdida de recaudación.
En la comparación puntual de septiembre de 2026 contra el
mismo mes de 2023, el gasto público total muestra un recorte del 25,8% en
términos reales, acumulando una caída del 28,8% real en el promedio
móvil de los últimos 12 meses para los gastos primarios.
Asfixia a las finanzas provinciales: desplome del 77% en
transferencias
El renglón de las transferencias corrientes a provincias se
posiciona como una de las partidas más golpeadas dentro del esquema de
consolidación fiscal. En septiembre de 2026, los giros hacia los estados
provinciales registraron una caída real del 77,0% en comparación con
septiembre de 2023. Al considerar el promedio móvil de 12 meses, la contracción
alcanza un 70,0% real.
Si bien en la comparación interanual respecto a septiembre
de 2025 se observó un incremento del 26,8%, la dinámica contractiva sobre las
arcas provinciales únicamente se vio atenuada por los desembolsos obligados por
el acatamiento a la Medida Cautelar N.º 1864/2022 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) respecto a la restitución de fondos por el
traspaso de funciones de seguridad.
Universidades en jaque: menor ejecución presupuestaria y
disputa judicial
Las Universidades Nacionales continúan sintiendo el impacto de la
restricción de recursos. Tras la regularización en junio del pago de salarios y
aguinaldos adeudados, la ejecución presupuestaria destinada a las casas de
altos estudios acumuló una caída del 22,5% real en los primeros nueve
meses de 2026 frente al mismo período de 2023, ubicándose en septiembre un 11,5%
real por debajo del nivel registrado tres años atrás.
El frente presupuestario universitario permanece
condicionado por la vía judicial. Luego de que el Juzgado Contencioso
Administrativo Federal N.º 11 declarara inaplicable el decreto que suspendía la
Ley de Financiamiento Universitario en diciembre de 2025, el Gobierno Nacional
presentó un recurso extraordinario en abril de 2026 para frenar su aplicación,
dejando la definición final en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El freno a la obra pública y el impacto en la
infraestructura regional
El impacto del ajuste en el interior del país se evidencia con mayor severidad
en la parálisis de la infraestructura federal y de los servicios básicos. Los Gastos
de Capital —indicador directo de la inversión en obra pública nacional—
sufrieron un desplome interanual del 72,6% real frente a septiembre de
2023 y del 80,3% real en la serie móvil de 12 meses.
El freno de proyectos afecta de manera directa a sectores
clave en las provincias:
- Educación
(infraestructura escolar y universitaria): cayó un 99,4% real
frente a septiembre de 2023. - Vivienda:
registró un recorte del 94,7% real. - Agua
potable y alcantarillado: se redujo un 79,8% real. - Transporte
(obra vial e infraestructura): cayó un 77,1% real.
A la contracción en obra pública se suma el recorte sobre
los subsidios al transporte, que acumulan una caída real del 40,5%
en los primeros nueve meses del año respecto a 2023 (-44,0% en septiembre).
Este achicamiento responde en gran parte al retiro de compensaciones tarifarias
como la Red SUBE, generando una mayor presión sobre los presupuestos locales y
las tarifas del interior.