
Luego de 15 años de investigación, el sistema judicial de San Juan cerró una de las causas más resonantes de la última década: la condena a Santiago Graffigna, Horacio Alday y otros involucrados en un esquema de corrupción vinculado a expropiaciones fraudulentas.
El fallo, conocido el último viernes, marca un hito en la lucha contra la impunidad en casos de enriquecimiento ilícito a costa del erario público.
El caso se remonta a 2010, cuando periodistas y organismos judiciales comenzaron a investigar pagos desmesurados por expropiaciones de terrenos, muchos de ellos datados desde los años 40, 80 y 90.
Los montos adjudicados superaban ampliamente su valor real, beneficiando a propietarios y a una red de abogados litigantes recurrentes, peritos favorables y miembros del tribunal de tasaciones, todos señalados como responsables del fraude.
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