Durante 2024, el Estado nacional destinó más de $25.600 millones al pago de alquileres para oficinas públicas, según un informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados. El documento, que responde a más de 4.000 consultas parlamentarias, señala que el gasto mensual en este rubro ronda los $2.583 millones.
Actualmente, 52 organismos nacionales funcionan en edificios alquilados, cuyos contratos —firmados con propietarios privados— tienen plazos de entre 3 y 5 años y son gestionados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
La mayor erogación en 2024 correspondió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), con un gasto de $478 millones. Le siguen la ANSES ($247 millones), la Superintendencia de Servicios de Salud ($234 millones), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ($198 millones), la Secretaría de Obras Públicas ($165 millones) y la Junta de Seguridad del Transporte ($150 millones), según un relevamiento de Infobae basado en datos oficiales.
Gastos 2025: leves señales de ajuste
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