La reciente acusación de trata y explotación sexual contra el cirujano plástico Fabián Peláez, realizada por una mujer que se arrojó al vacío desde un departamento en Palermo, reavivó un antiguo caso ocurrido once años atrás en San Juan. En febrero de 2014, el profesional ya había quedado bajo la lupa de la Justicia local por su presunta participación en una maniobra de estafa en grado de tentativa contra DAMSU, la obra social de los empleados de la Universidad Nacional de San Juan.
En aquel entonces, dos integrantes de la conducción de DAMSU —Mario Ruffa y Carlos Aliaga— presentaron una denuncia penal tras detectar que una afiliada, identificada como Gabriela Calderón, habría fingido tener nódulos en los pechos para conseguir que la institución pagara una cirugía estética de implante de prótesis mamarias. Según lo denunciado, el procedimiento buscaba camuflar la verdadera finalidad de la intervención, que no correspondía a una patología ni era una práctica con cobertura obligatoria.
Además, salió a la luz que el propio marido de la afiliada, Fabricio Pagnone, en su rol de médico auditor de DAMSU, habría autorizado los trámites. El caso también salpicó a Peláez y a un colega suyo, Federico Moreno, señalados como los cirujanos que indicaron y supuestamente practicaron la operación. La denuncia se fundamentó en que el estudio que avalaba la existencia de una enfermedad no presentaba biopsia ni comprobante de afección real.
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