Este lunes, un joven oriundo del Barrio Profesional, en Rivadavia, identificado como Juan Ignacio Raso Lloveras, fue condenado a tres años de prisión condicional por distribución y tenencia de material de explotación sexual infantil. El caso, que comenzó con una alerta internacional, implicó una investigación que conectó al acusado con el intercambio de al menos 20 archivos con contenido explícito a través de WhatsApp.
La investigación se inició a partir de reportes emitidos por la CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que detectaron la actividad ilícita en 2023 y 2024. Las autoridades locales, en colaboración con organismos nacionales e internacionales, vincularon las cuentas reportadas al acusado tras rastrear direcciones IP, números telefónicos y correos electrónicos.
El 25 de septiembre de este año, un allanamiento en el domicilio de Raso Lloveras permitió recolectar evidencias clave, como dispositivos electrónicos con archivos que confirmaban los delitos. Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que el acusado podía ser inimputable debido a un posible desarrollo cognitivo limitado. Sin embargo, tras varias evaluaciones médicas, se determinó que poseía plena capacidad para responder penalmente.