La histórica firma textil Topper, que operó bajo la razón social Alpargatas S.A.I.C. y hoy mantiene su planta en Tucumán, abrió un frente judicial contra la provincia de San Juan por una disputa tributaria que ya escaló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El núcleo del conflicto gira en torno al Impuesto sobre los Ingresos Brutos que la empresa debió abonar entre julio de 2013 y junio de 2018. Según la compañía, esos pagos fueron realizados bajo un esquema que violaba principios constitucionales, ya que fijaba alícuotas más elevadas para firmas que no tenían instalaciones productivas en suelo sanjuanino. La demanda exige que el gobierno provincial reintegre lo abonado durante ese período, más intereses.
Aunque el monto inicial del reclamo es inferior a $1,5 millones, fuentes judiciales estiman que el total ajustado podría acercarse a los $10 millones. Pero el verdadero riesgo para la administración sanjuanina no es económico, sino político y jurídico: si Topper obtiene un fallo favorable, otras grandes empresas podrían iniciar acciones similares y exigir devoluciones por cifras significativamente más altas.
Una disputa con historia
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