En el marco de una serie de denuncias cruzadas desde IBERTE
a Fecovita y viceversa de nuevo se desató un nuevo capítulo. Es que la justicia
federal inició una investigación por presunto lavado de activos, en este caso
contra Juan José Retamero, Guillermo García e Iberte. La denuncia fue a partir
de una denuncia que se dio desde FECOVITA- Federación de Cooperativas Vitivinícolas-.
Desde el grupo que encabeza Retamero sostienen que esto no es más que un
manotón de ahogados de la Federación de Cooperativas, sin embargo, tienen la preocupación
que la investigación federal sigue avanzando y una de las acciones que se
habrían tomado es el levantamiento del secreto bancario de Retamero, Garcia y
las empresas que conforman el Grupo AISA, entre las que se destaca en la
provincia de San Juan la mina Gualcamayo.
investigación penal
por presunta criminalidad económica de dimensiones transnacionales, la justicia
federal ha dictado medidas de fondo destinadas a esclarecer un complejo
entramado de flujos financieros. El proceso, radicado en el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 3, Secretaría Nro. 5, bajo el Expediente
CFP 5435/2025, cobró un nuevo impulso técnico tras las resoluciones del
magistrado Daniel Rafecas. La causa se centra en las actuaciones de Juan
José Retamero Gómez, directivo del grupo Iberte S.R.O., y Guillermo
Daniel García, investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado
de activos (Art. 303 del Código Penal) y balance falso (Art. 300,
inciso 2, del Código Penal).
La instrucción, formalmente delegada en la Fiscalía
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1, a cargo del Dr. Ramiro
González, se originó a partir de la denuncia presentada por la Federación
de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA), a través de su
apoderada Luciana Govoni. La hipótesis fiscal sostiene que la operatoria
denunciada resulta determinante para la resolución del conflicto patrimonial
entre las partes, derivando en la necesidad de analizar con rigor técnico la
trazabilidad de fondos millonarios que habrían ingresado al sistema financiero
local bajo modalidades que serían sospechosas.
Anatomía de la denuncia: El mecanismo de blanqueo alegado
El requerimiento de instrucción fiscal describe una
operatoria cíclica diseñada para el ingreso de capitales de origen no
declarado. Según la hipótesis del Dr. Ramiro González, los denunciados habrían
utilizado operaciones de «contado con liquidación» para
canalizar fondos desde el exterior, permitiendo el ingreso de divisas a un tipo
de cambio preferencial. La maniobra técnica consistiría en imputar inicialmente
estos pesos a aumentos de capital en sociedades locales que, posteriormente,
eran dejados sin efecto. Esta reversión transformaba los aportes en deudas
ficticias entre empresas del mismo grupo económico.
El núcleo de la acusación de blanqueo reside en el arbitraje
de tipos de cambio: la denuncia sostiene que las deudas generadas en pesos eran
pactadas para ser canceladas en dólares al tipo de cambio oficial. Este
ciclo se cerraba mediante la transferencia de lo que la fiscalía denomina «fondos
espurios» desde el extranjero por parte de sociedades vinculadas para
cancelar compromisos de las firmas locales, permitiendo que el monto de dinero
ingresado en Argentina fuera significativamente mayor al declarado
originalmente. La instrucción pone especial énfasis en el uso de contratos
presuntamente ficticios e irregularidades diseñadas para debilitar
patrimonialmente a los productores asociados a FECOVITA, otorgando
simultáneamente una apariencia de solvencia a las firmas del grupo
Iberte/EVISA. Vale marcar que será labor de los fiscales recolectar los datos
para poderlos elevar ante el juzgado y determinar cuáles son las
irregularidades que se persiguen, si es que las hay.
Para sustentar estas sospechas, el requerimiento fiscal
identifica transferencias específicas que deben ser auditadas: ingresos por $1.027.824.187
en una cuenta corrientedel Banco Galicia (periodo 2022-2023); movimientos por $198.610.000
en una cuenta Banco Macro (agosto 2022); créditos por $957.928.557 en una
cuenta del Banco Coinag; y operaciones en el Banco Supervielle que incluyen
cheques de terceros por $354.752.241,83 y rescates de Fondos Comunes de
Inversión por $368.435.259,45.
Contexto de Litigiosidad Cruzada: Mendoza y el Conflicto
Iberte/EVISA
La causa federal se inserta en un escenario de litigiosidad
múltiple iniciado en 2023 en la provincia de Mendoza. En dicha jurisdicción, el
grupo liderado por Retamero y García, a través de Exportadora Vitivinícola
S.A. (EVISA) e Iberte S.R.O., impulsó la causa P-84473/23 contra
exdirectivos de FECOVITA, entre ellos Eduardo Sancho (expresidente), Rubén
Panella (secretario) y Jorge Irañeta (tesorero). Aquella denuncia
versa sobre presuntas estafas y el ocultamiento de información en los Balances
Generales nro. 42 y 43, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022.
Un punto crítico en la disputa es el «Acuerdo
Final» celebrado el 13 de octubre de 2022, donde FECOVITA se habría
obligado al pago de una suma total de $3.515.622.630,20. Mientras el
grupo Iberte denuncia el incumplimiento de este acuerdo como una estafa, la
querella en la sede federal sostiene que dicho compromiso financiero y los
contratos que lo originaron forman parte de la maniobra de vaciamiento y lavado
de activos. Esta dualidad procesal obliga a la justicia federal a discernir si
los movimientos de fondos responden a una actividad comercial legítima o a una
estructura delictiva organizada para el blanqueo de capitales.
Resolución Judicial: Levantamiento del Secreto Bancario,
Fiscal y Bursátil
Con fecha 24 de agosto de 2026, el juez Daniel
Rafecas habría ordenado el levantamiento del secreto bancario, fiscal y
bursátil, medida considerada «pertinente, conducente y necesaria»
para el esclarecimiento de los hechos. La resolución instruiría al Banco
Central de la República Argentina (BCRA), a la Agencia de Recaudación y
Control Aduanero (ARCA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a
suministrar información detallada sobre las operaciones comerciales y
movimientos financieros de las siguientes personas físicas y jurídicas:
- Guillermo
Daniel García (D.N.I. 16.740.769) - Juan
José Retamero Gómez (Documento español 34819779X) - Exportadora
Vitivinícola S.A. (EVISA) (CUIT 30-71531627-3) - Inver
S.A. (CUIT 30-71750002-0) - Minas
Argentinas S.A. (CUIT 30-67726246-6) - Cabo
Vírgenes S.A. (CUIT 30-70940443-8) - Isber
LLC (CUIT 30-71814165-2) - Eris LLC (ex Word Wine Trading LLC,
CUIT 30-71755336-1)
Previamente, el 11 de agosto de 2026, el magistrado
había dispuesto la delegación de la instrucción en la Fiscalía Nro. 1 en los
términos del Art. 196 del C.P.P.N. En dicha resolución, se tuvo por designados
a los Dres. Facundo Sarrabayrouse y Tomás Dakkache como abogados
defensores de Retamero. Asimismo, el juzgado decidió mantener bajo reserva la
solicitud de los Dres. Luciano Pauls y Rosario Alesandretti,
apoderados de FECOVITA, para ser tenidos por parte querellante. Según el
criterio judicial y fiscal, la naturaleza del entramado societario y las
particularidades de las maniobras denunciadas exigen la producción de nuevas
pruebas antes de otorgar dicho rol procesal. El estado actual de la causa se
centra en la recepción de la documentación respaldatoria de las entidades
bancarias para confirmar o descartar las inconsistencias patrimoniales
detectadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).