Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un adolescente

Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un adolescente

Una jueza de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional, para un caso particular, la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

La decisión fue tomada por Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, en una causa iniciada por un intento de robo ocurrido el 10 de septiembre.

El expediente se originó luego de que un hombre denunciara que había sido abordado por un grupo de jóvenes que intentó robarle. El hecho no llegó a concretarse y la Fiscalía lo calificó provisoriamente como robo simple en grado de tentativa. Entre los involucrados había un adolescente de 14 años.

La defensa pidió que se declarara inconstitucional el artículo 1 de la nueva Ley 27.801. La magistrada hizo lugar al planteo y dispuso el sobreseimiento del adolescente.

Un fallo para este caso

De Marinis consideró que aplicar la nueva normativa al adolescente implicaba un retroceso en materia de derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

La jueza también tuvo en cuenta las circunstancias particulares del hecho y la situación social y familiar del adolescente. En su resolución sostuvo que la respuesta estatal debía canalizarse a través del sistema de protección integral de derechos.

Sin embargo, la decisión no deja sin efecto la nueva ley ni impide su aplicación general. Se trata de una declaración de inconstitucionalidad para este caso concreto, a diferencia de la medida cautelar que había suspendido temporalmente la aplicación de la norma en determinados casos en la provincia de Buenos Aires y que posteriormente fue revocada por la Cámara de Lomas de Zamora.

La resolución de la jueza porteña puede ser apelada y abre ahora una nueva discusión judicial sobre el alcance de la reforma del régimen penal juvenil.