Gabriel Balmaceda, un empresario sanjuanino investigado por la Justicia, tenía todo pactado para cerrar su causa penal con un arreglo millonario. Sin embargo, un error de cálculo lo llevó a los calabozos: no llegó a tiempo a la audiencia programada para este jueves.
Ante su ausencia, la jueza Flavia Allende lo declaró en rebeldía (situación legal de quien no se presenta ante el tribunal) y ordenó su detención. Los términos económicos con las víctimas ya estaban acordados, pero la impuntualidad le costó una noche privada de su libertad.
Recién este viernes, tras pasar la noche detenido, Balmaceda logró presentarse ante el tribunal, ratificar el pacto y recuperar su libertad. Ahora deberá cumplir con pesadas obligaciones para que el acuerdo no se caiga.
Para evitar el juicio y extinguir la acción penal en su contra, se firmó un Acuerdo de Reparación Integral con compensaciones en efectivo y bienes, divididas según el perjuicio a los distintos damnificados.
Seis víctimas (identificadas con las iniciales K.S., C.L., A.C., J.R., C.R. y A.V.) aceptaron la entrega de motocicletas. Balmaceda se obligó a otorgar una moto marca Okinoi de 110cc, 0km, para cada uno, a través de la firma Naldo, totalmente canceladas, patentadas y transferidas.
Por otro lado, se homologaron cuatro acuerdos económicos para compensar a más víctimas, sumando una cifra en efectivo que ronda los 12 millones de pesos, desglosados en planes de pago de siete cuotas mensuales.
S. G. cobrará un total de $3.929.000, divididos en siete cuotas de aproximadamente $561.000. R. P. percibirá $3.834.000, mediante siete cuotas de $547.000 aproximadamente.
F. Y. recibirá más de $2.000.000, a saldar en siete cuotas de $395.715. M. L. se le pagarán $1.676.000 en siete cuotas mensuales de $238.142.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones provocará que el acuerdo se caiga, lo que complicaría severamente el futuro procesal del acusado.
El nombre de Gabriel Balmaceda ya era conocido en los pasillos de Tribunales. En abril de este año, el empresario había sido detenido y enviado al Penal de Chimbas con prisión preventiva, tras una investigación liderada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
En aquella ocasión, la maniobra consistió en contactar a particulares que vendían sus vehículos para comprarlos entregando cheques falsos. Fueron seis las personas que denunciaron este mismo modus operandi en el primer trimestre del año.
Las víctimas entregaron sus rodados de buena fe y estos desaparecieron, generando en su momento un perjuicio económico estimado en 20 millones de pesos. Con la entrega de las motos 0km y los millonarios pagos en efectivo, el empresario busca ahora cerrar este capítulo judicial.