Un desalojo judicial en el barrio Pismanta 2, en Jáchal, terminó con un hombre detenido y fuertes cuestionamientos por parte de sus familiares. El operativo se concretó este jueves por la mañana, en medio de una disputa por la tenencia de una vivienda cuya adjudicación había sido revocada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La medida fue consecuencia de una demanda promovida por Fiscalía de Estado en representación del organismo habitacional. Durante el procedimiento estuvo presente la abogada Carina del Castillo, quien intervino en nombre de la representación estatal.
Según los antecedentes del caso, el conflicto llevaba alrededor de cuatro años en la Justicia y estaba relacionado con la revocación de la adjudicación del inmueble. Durante el desalojo, el hombre que residía en la propiedad habría resistido el accionar de las autoridades, por lo que intervino la Policía y terminó detenido.
El procedimiento generó malestar entre los allegados del ocupante, que cuestionaron la forma en que se desarrolló el operativo y reclamaron por la situación en la que quedó su familia.
Una disputa por la titularidad de la vivienda
El origen del conflicto se remonta a la adjudicación de la casa a una mujer que falleció sin dejar hijos. Posteriormente, el IPV habría revocado la tenencia del inmueble, una decisión que derivó en el reclamo judicial para recuperar la propiedad.
Sin embargo, la familia del hombre desalojado sostiene que existe una historia familiar detrás de la ocupación. Según su versión, la vivienda estaría relacionada con una sucesión vinculada a un tío del joven y, aunque la adjudicación definitiva no estaba a su nombre, se habrían realizado pagos y trámites para intentar poner los papeles en regla.
Esos planteos no impidieron que avanzara la causa judicial y que finalmente se ejecutara el desalojo.
El reclamo de la familia: “A mi yerno se lo llevan detenido”
En medio del operativo, la suegra del hombre se comunicó con el programa Uno Nunca Sabe, de Radio 10, para expresar su indignación por lo sucedido y manifestar su preocupación por su hija y su nieto de dos años.
“Veo que se le han entrado por el portón, han roto el portón, la policía… a mi yerno se lo llevan detenido, tiene un bebé mi hija de dos años y hay tanto atropello”, expresó la mujer al relatar su versión de los hechos.
Además, aseguró que sus familiares llevaban aproximadamente tres años realizando consultas y presentaciones para encontrar una solución al conflicto habitacional. En ese marco, mencionó gestiones con intervención del abogado Franklin Sánchez y un escrito que, según indicó, fue presentado el pasado 16 de septiembre.
Pese a esas actuaciones, la familia sostuvo que no consiguió frenar el procedimiento y cuestionó tanto el desalojo como la detención del ocupante.
El caso dejó al descubierto dos posiciones enfrentadas: por un lado, el reclamo estatal para recuperar una vivienda cuya adjudicación fue revocada y, por el otro, los cuestionamientos de los familiares, que aseguran haber buscado una salida legal durante años.