La causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo de tensión entre la Justicia provincial y el fuero federal. A pocos días de la audiencia en la que se expondrán los cargos contra los investigados, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 volvió a solicitar precisiones sobre el estado y el objeto del expediente.
El requerimiento fue realizado por el juzgado subrogado por el juez Daniel Rafecas y estuvo dirigido a la jueza de Garantías de San Juan, Mónica Lucero. A través de un pedido de pronto despacho, la Justicia Federal busca que el fuero provincial certifique cuál es el encuadre definitivo de la investigación.
El planteo se produce en medio de los cuestionamientos de las defensas, que sostienen que la causa debería tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, debido a que la megaobra fue financiada en gran medida con fondos del Estado nacional.
Uno de los primeros en impulsar este planteo fue el equipo defensor del expresidente de OSSE, Sergio Ruiz, que cuestionó la competencia de la Justicia provincial para investigar el caso.
La disputa por la competencia judicial
La insistencia del fuero federal llega después de que el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, rechazara inicialmente remitir documentación técnica sobre la investigación.
En aquella oportunidad, el funcionario argumentó que el secreto procesal y la falta de formalización impedían entregar detalles del expediente sin afectar las garantías constitucionales de las partes involucradas.
Ahora, el nuevo pedido federal vuelve a poner en discusión qué jurisdicción debe intervenir en una causa que involucra una obra de infraestructura financiada, en gran parte, con recursos nacionales.
Los 11 investigados deberán presentarse en Tribunales
Mientras continúa la disputa entre los fueros, la investigación provincial tiene prevista una audiencia clave para el próximo martes 10 de noviembre en la Sala N.º 9 de Tribunales.
En esa instancia fueron citadas las 11 personas investigadas, entre las que se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exdirectivos de la empresa estatal OSSE y ejecutivos de la firma proveedora Krah América Latina.
La convocatoria se realizará luego de que una primera audiencia debiera ser reprogramada. En aquella oportunidad, la jueza Mónica Lucero rechazó la posibilidad de que los legisladores participaran de manera remota mediante videollamada.
De esta manera, la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum llega a una instancia determinante, con dos frentes abiertos: la discusión sobre qué fuero debe llevar adelante la investigación y la audiencia en la que se conocerán formalmente los cargos contra los 11 investigados.