El secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Coca, aseguró que la casa de estudios atraviesa controles permanentes de más de 15 organismos del Estado y rechazó las versiones que señalan que las universidades no se dejan auditar. En una entrevista radial, el funcionario también advirtió que el Presupuesto 2027 que debate el Congreso profundiza el ajuste sobre el sistema universitario.
Coca explicó que las transferencias que la UNSJ recibe de la Subsecretaría de Políticas Universitarias se rinden a través del sistema CitraRed, dependiente del Ministerio de Capital Humano, donde se adjunta la documentación de cada gasto. «Cada una de las rendiciones que se suben a CitraRed va con los PDF de cada uno de los gastos realizados», dijo. Según detalló, también intervienen en los controles la ARCA (ex AFIP), la Anses, Rentas provincial, la Tesorería General de la Nación y la Auditoría General de la Nación (AGN), además de las auditorías internas de cada universidad.
Frente al argumento de que las universidades no permiten controles, Coca sostuvo que ese planteo busca justificar el recorte de fondos. «Cuando alguien, muy suelto de cuerpo, dice ‘no se dejan auditar’, la verdad que es de una pobreza casi intelectual muy alta», señaló. El funcionario recordó que la UNSJ también brindó información a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y que, si los balances no se presentan en tiempo y forma, el Gobierno nacional frena el envío mensual de los fondos.
Coca advirtió además por el Presupuesto 2027: mientras las universidades pidieron 11 billones de pesos, el Gobierno nacional previó solo 7 billones, de los cuales 1 billón queda bajo manejo discrecional de la Secretaría de Políticas Universitarias. Eso deja una asignación directa de apenas 6 billones de pesos. El funcionario denunció, además, que los gastos de funcionamiento permanecen congelados desde mayo de 2025.
Pese al ajuste, Coca garantizó que la UNSJ sostendrá el inicio de los cursos de ingreso y el próximo ciclo lectivo, aunque reconoció dificultades crecientes. «Cada vez es más difícil el hecho de que podamos encender las luces, poner los recursos para tareas de campo», admitió. Dijo que la prioridad ahora es el trabajo con los legisladores para corregir la pauta de gastos y exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.