El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para subastar los vehículos radiados en controles de tránsito, una medida que busca destrabar el colapso del depósito judicial de calle 9 de Julio. La iniciativa habilita tanto el remate de autos en condiciones de circular como la venta como chatarra de los que ya no sirven.
La novedad generó dudas sobre quiénes podrán participar de las subastas y si algún infractor podría recuperar su propio vehículo libre de deudas.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, explicó cómo funcionará el mecanismo una vez que la ley se apruebe.
«Hay que hacer el decreto reglamentario; se hace un análisis de qué vehículos están en condiciones de ser subastados, los otros siguen el proceso de compactación», dijo la funcionaria.
Sobre quiénes podrán comprar, precisó que «el decreto va a fijar eso, pero en principio cualquier persona humana o jurídica que tenga condición fiscal habilitada podría ser postor».
El predio de 9 de Julio guarda miles de vehículos radiados y llegó a un nivel de ocupación de entre el 80% y el 85% de su capacidad. El acopio a la intemperie durante años genera además riesgo ambiental por el derrame de aceite y otros líquidos contaminantes, con tandas de más de 1.800 vehículos notificados en edictos (avisos judiciales) recientes.
La reforma a la Ley 1810-A prevé clasificar los vehículos con informes técnicos de la Secretaría de Seguridad y destinar lo recaudado por los remates a salud, educación, infraestructura y asistencia social, con rendición de cuentas cada año.