La investigación por la muerte de Uriel Ríos, el adolescente que murió apuñalado durante un festejo de la Primavera, suma un nuevo planteo judicial. La familia buscará ser reconocida como parte querellante en el proceso, algo que actualmente no permite la normativa procesal penal juvenil vigente en San Juan.
En diálogo con Radio Mil20, el abogado de la familia, Martín Zuleta, confirmó que presentarán un pedido de inconstitucionalidad contra el artículo 103 de la Ley 754-O, con el objetivo de que los familiares de Uriel puedan tener una participación activa en la causa.
Además, el abogado sostuvo que la familia considera que el autor material de la muerte de Uriel sería una persona mayor de edad. Según explicó, esa hipótesis forma parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.
El pedido de la familia
Zuleta explicó que actualmente la familia interviene en la causa únicamente en calidad de víctima y que esa condición limita sus posibilidades de actuación.
“Hasta hoy solo somos veedores y por lo tanto tenemos una actuación limitada”, señaló.
Por ese motivo, el abogado adelantó que solicitarán que se declare inconstitucional la parte del artículo 103 de la Ley 754-O que impide la constitución como querellante en procesos donde hay menores involucrados.
De prosperar el planteo, la familia podría aportar pruebas, ser escuchada por la jueza, formular planteos y participar ante eventuales acuerdos sobre la pena, entre otras facultades.
Uno de los ejemplos planteados por Zuleta fue la posibilidad de un eventual juicio abreviado. Según explicó, actualmente la familia no tendría participación en una eventual negociación de ese tipo, mientras que como querellante podría intervenir y expresar su posición.
La diferencia entre ser víctima y querellante
El abogado explicó que la diferencia es significativa. Bajo el esquema actual, la familia puede recibir información sobre el avance de la investigación, pero no cuenta con las mismas facultades procesales que tendría una parte querellante.
“No puede participar, no puede aportar pruebas”, explicó Zuleta.
Sin embargo, destacó que la jueza que interviene en la causa permitió que la familia acercara material que había recopilado después del hecho.
Según contó, la hermana de Uriel aportó videos y otro material que habían recibido de jóvenes que estuvieron presentes durante el festejo. La documentación fue incorporada a través de su testimonio y de la entrega de material desde su teléfono.
La discusión por la ley penal juvenil
Zuleta cuestionó que San Juan continúe utilizando la Ley 754-O para regular determinados aspectos del proceso penal juvenil, a la que calificó como una normativa de aproximadamente 20 años de antigüedad.
El abogado distinguió entre la legislación de fondo, establecida por el nuevo régimen penal juvenil nacional, y la legislación procesal, que corresponde a las provincias.
Según explicó, recientemente la Legislatura sanjuanina aprobó modificaciones destinadas principalmente a adaptar la normativa provincial a nuevas herramientas como la conciliación, la suspensión del juicio a prueba y otras alternativas de resolución.
Sin embargo, consideró que esos cambios no representan una actualización integral del proceso penal juvenil.
Qué plantea la familia
El planteo de la defensa de la familia apunta específicamente al artículo 103 y a la imposibilidad de constituirse como querellante cuando hay un menor involucrado en el proceso.
Zuleta sostuvo que esa restricción podía entenderse bajo el antiguo paradigma de la Justicia Penal Juvenil, pero que el nuevo régimen establece un tratamiento diferente para los adolescentes involucrados en delitos graves.
En ese sentido, el abogado afirmó que el nuevo marco legal contempla mayores posibilidades de intervención para las víctimas.
También adelantó que el planteo judicial estará acompañado por argumentos vinculados con tratados internacionales que reconocen derechos de las víctimas dentro de los procesos penales.
La jueza tendrá que resolver el planteo
Según explicó Zuleta, la presentación será realizada durante este jueves y quedará en manos de la jueza que interviene en la causa.
La magistrada tendrá un plazo de tres días hábiles para expedirse sobre el pedido. En caso de rechazar la participación de la familia como querellante, el abogado adelantó que recurrirán la decisión ante la Cámara Penal.
Mientras tanto, la investigación por la muerte de Uriel continúa en una etapa inicial. La familia busca ampliar su participación en el expediente mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento de lo ocurrido durante el festejo de la Primavera.