Perea anunció que la Ley de Desarrollo Minero se reglamentará este año

Perea anunció que la Ley de Desarrollo Minero se reglamentará este año

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó que el Gobierno provincial trabaja para reglamentar la Ley de Desarrollo Minero Local antes de que termine 2026. El funcionario explicó que, una vez aprobada la reglamentación, la normativa tendrá aplicación inmediata para el sector minero sanjuanino.

Perea reconoció que la reglamentación es uno de los temas que más interés genera entre las empresas del sector y remarcó que el objetivo del Gobierno es que la ley tenga resultados concretos y perdure en el tiempo. «Nosotros no queremos una herramienta normal, sino que queremos una herramienta de clase mundial y que funcione. Las cosas deben funcionar», dijo el ministro.

El funcionario recordó que, cuando se sancionó la ley, se fijó un plazo de 60 días para reglamentarla, y ratificó que el compromiso del Gobierno es cumplir ese plazo dentro del año. «Dentro de este año esa ley va a ser reglamentada y va a empezar su aplicación inmediata», afirmó Perea.

Durante su exposición, el ministro también destacó el acuerdo firmado con la empresa Vicuña, que luego fue ratificado por la Legislatura provincial. El entendimiento contempla un aporte de 250 millones de dólares, que Perea calificó como una señal de confianza de la compañía en San Juan.

«Una señal absoluta de confianza de la empresa en nuestra provincia», dijo Perea, y agregó que espera que ese antecedente permita avanzar con otras compañías del sector. En su análisis sobre la minería provincial, remarcó que San Juan es la segunda provincia con más empleo minero directo del país y la que registra el mayor crecimiento interanual entre los distritos mineros argentinos.

Otro de los puntos centrales de su exposición fue el cambio en los procedimientos de evaluación ambiental. Perea explicó que, antes de esta gestión, uno de los obstáculos para atraer inversiones era la demora en los trámites de impacto ambiental, que podían extenderse 180 días o más incluso en los escenarios más favorables.

El ministro aseguró que esas evaluaciones ahora se resuelven en alrededor de 30 días, una reducción significativa en los tiempos administrativos. Ante quienes advierten que acelerar los procesos podría significar menos controles, fue contundente: «Yo le digo que no es bajar la vara, sino que es ser eficiente y pensar y crear procesos óptimos».

El funcionario atribuyó esos resultados al trabajo conjunto entre el Gobierno, los equipos técnicos y las empresas operadoras, que aportaron sus principales dificultades y necesidades. «Creo que ese cambio no lo hizo una persona, tampoco lo hizo una empresa. Se absorbió información de las preocupaciones que tenía cada una de las operadoras y detrás mío había un gran equipo que se sentó a participar», explicó Perea.