El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La administración nacional investigará y, en caso de corroborarse, sancionará la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, al entender que se estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago argentino.
“Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, indicaron desde la Oficina de Prensa.
Y agregaron: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.
El proyecto que reavivó el reclamo
El anuncio se conoció horas después de que el presidente Milei diera un mensaje por cadena nacional en el que ratificó el reclamo de soberanía argentino y cuestionó de manera directa el avance del proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, de completarse según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. La iniciativa es conducida en forma conjunta por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del negocio, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
El campo, descubierto en 2010, se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para su primera etapa, un paso que en la industria petrolera implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya se completaron y que el proyecto se considera viable. Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo previsto para marzo de 2028. El plan completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas de desarrollo.
La Cancillería argentina había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de ambas empresas, a las que calificó de licenciatarias ilegítimas por operar sin los permisos de la autoridad competente nacional. El organismo sostuvo entonces que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía resulta contraria a las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y extendió ese rechazo a las concesiones, la contratación de proveedores y todo acto conexo al avance del proyecto hacia su etapa productiva. El antecedente sancionatorio ya existía: Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022.