
El expediente por la megaestafa con la venta de lotes en San Juan sigue creciendo. Las denuncias de víctimas ya llegan a 500 y la Fiscalía amplió la investigación con doce hechos nuevos que afectan a los diez imputados de la causa, entre ellos el empresario Héctor Storniolo.
La causa está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas. Esta vez, la ampliación no apunta solo a Storniolo: alcanza a los diez acusados de la red, entre ellos su esposa, Patricia Nacif.
Los nuevos hechos investigados corresponden a los proyectos «Alto Valle» y «Alteza», dos loteos que se suman a la larga lista de barrios inconclusos o nunca construidos. El perjuicio económico de toda la causa ya supera los $2.700 millones.
Según fuentes judiciales, el equipo de Gallastegui revisa la causa barrio por barrio para calcular cuántos damnificados hay en cada proyecto y qué responsabilidad tuvo cada imputado. Ese trabajo es el paso previo para que la Fiscalía presente la acusación formal y pida que la causa llegue a juicio.
Aunque las presentaciones llegaron a 500, la cantidad de hechos penales es menor, porque muchos reclamos responden al mismo proyecto. La definición final de ese número está en marcha.
Juan Mauricio Gallerano es el único imputado con chances de quedar afuera de la causa. El empresario, acusado por los loteos Vistas I, Vistas II y Acacias, avanzó con la reparación integral del daño (un acuerdo para devolver el dinero a las víctimas) y ya cumplió casi el 98% de lo pactado.
En las últimas semanas, el acuerdo de Gallerano quedó en pausa. Tras la muerte de su padre, debió abrir una sucesión en la Justicia civil que todavía no tiene resolución, lo que frenó el pago del dinero que falta.
Desde la Justicia aclararon que Gallerano sigue dentro de los plazos para completar la reparación y lograr su desvinculación de la causa.
Héctor Storniolo es el único de los diez imputados que permanece preso. Está alojado con prisión preventiva (una medida que lo mantiene detenido mientras avanza la investigación) en el Servicio Penitenciario, en Chimbas.
Storniolo estuvo detenido en 2024, pasó a arresto domiciliario y recuperó la libertad en noviembre de 2025. Pero en mayo de este año volvió a la cárcel después de que la Fiscalía descubriera que presentó documentos falsos.
Para evitar el juicio, Storniolo había ofrecido terminar las obras pendientes en 90 días y presentó informes técnicos que decía firmados por el arquitecto Pablo Navarro. Cuando el fiscal Gallastegui citó a Navarro, el arquitecto dijo que no había hecho esos informes, aunque la firma que tenían era la suya.
Por la gravedad del engaño, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi ordenó el traslado inmediato de Storniolo al penal, donde hoy espera el avance de la causa. Las víctimas que todavía no hicieron su denuncia pueden presentarse ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas para sumarse al expediente.