El coordinador de la UFI de Delitos Genéricos, Miguel Gay, brindó detalles sobre el funcionamiento de esa unidad fiscal, los criterios que se aplican durante las investigaciones y la importancia de las salidas alternativas para resolver conflictos entre ciudadanos. Lo hizo durante una entrevista en el programa “De qué se trata”, de La Mil20, donde también repasó su trayectoria en el Poder Judicial y planteó la necesidad de abordar cada causa teniendo en cuenta tanto a quien denuncia como a la persona imputada.
Gay explicó que la unidad que coordina junto a la fiscal Daniela Pringles interviene en una amplia variedad de situaciones, entre ellas lesiones, amenazas, usurpaciones y casos de maltrato animal. Se trata de problemáticas que, según describió, muchas veces llegan acompañadas de enojo, tensión y enfrentamientos entre vecinos, por lo que consideró fundamental escuchar a las partes y analizar cada situación en su contexto.
En ese sentido, destacó que el trabajo de la fiscalía no consiste únicamente en impulsar una acusación, sino que también contempla la posibilidad de preservar la convivencia. Al referirse al artículo 22 del Código Procesal Penal, señaló que existe una obligación de procurar el mantenimiento de la paz social.
“Por ahí, una salida alternativa, una conciliación, llega a un mejor puerto que una condena”, sostuvo. Para explicar ese criterio, mencionó experiencias en causas por delitos contra la propiedad en las que se alcanzaron acuerdos de reparación económica. Según relató, en algunos casos los damnificados priorizaban recuperar los elementos sustraídos o contar con recursos para volver a trabajar antes que obtener una condena condicional contra el responsable.
El fiscal aclaró, sin embargo, que estas alternativas no se aplican de manera automática. Para avanzar en una resolución de ese tipo deben existir elementos probatorios suficientes y una investigación ordenada. Como ejemplo, mencionó las dificultades que puede presentar una causa por amenazas cuando no existen testimonios, registros u otras evidencias que permitan acreditar lo sucedido.
El contexto de los conflictos y la prevención de la violencia
Durante la entrevista, Gay también se refirió a las disputas vecinales y a la importancia de evitar que discusiones cotidianas escalen hasta convertirse en hechos de violencia. Explicó que muchas situaciones pueden tener su origen en problemas de convivencia o falta de diálogo y que, en determinadas circunstancias, una instancia de conciliación puede evitar consecuencias mayores.
En relación con la época del año, compartió observaciones surgidas de su experiencia en distintas unidades fiscales. Indicó que durante los meses de calor suelen incrementarse algunos conflictos, especialmente aquellos vinculados con el consumo de alcohol, las drogas, los festejos y las reuniones entre vecinos.
No obstante, aclaró que se trata de apreciaciones personales y no de estadísticas oficiales del Poder Judicial. También recordó que, durante su paso por otras áreas, observó variaciones estacionales en determinados delitos, como los incumplimientos de los deberes de asistencia familiar durante diciembre.
Al referirse a los episodios de violencia en los barrios, remarcó que no se debe estigmatizar a ningún sector de la sociedad. “Hay buena gente en todos lados y mala gente también en muchos lados”, expresó, al señalar que la educación es una herramienta fundamental para prevenir que los jóvenes ingresen en circuitos delictivos.
En esa línea, mencionó que desde la fiscalía pueden solicitarse obligaciones educativas para personas condenadas, como completar la escuela primaria o secundaria. Consideró que la formación puede abrir oportunidades laborales, especialmente ante las perspectivas de crecimiento de la actividad minera y de otros sectores productivos de San Juan.
La progresividad de las penas y las medidas alternativas
Otro de los puntos abordados fue el funcionamiento de las medidas alternativas y la progresividad de las penas. Gay explicó que la suspensión del juicio a prueba no significa que una persona quede liberada de cualquier consecuencia, sino que forma parte de un esquema previsto en la legislación.
Según detalló, ante nuevos hechos y de acuerdo con las características de cada caso, pueden aplicarse otras respuestas penales, como una condena condicional o una pena de cumplimiento efectivo. En ese marco, sostuvo que las decisiones deben ajustarse a lo establecido en el Código y no a criterios personales.
También se refirió a las críticas que suelen aparecer cuando una persona imputada recupera la libertad después de una audiencia. Al respecto, señaló que es importante leer la información completa y comprender las razones jurídicas que fundamentan cada resolución, ya que una medida de coerción no constituye necesariamente un adelanto de pena.
En ese sentido, mencionó diferencias de criterio que pueden surgir entre fiscales y jueces al momento de evaluar medidas de coerción y la necesidad de analizar si existen fundamentos para mantener a una persona detenida o imponerle determinadas restricciones.
El rol de la defensa en el nuevo sistema penal
Gay también repasó los cambios que introdujo el actual sistema procesal penal respecto del modelo anterior. Recordó que ingresó al Poder Judicial en 2017, cuando comenzó a desempeñarse como escribiente en la Defensoría Penal N.º 1, y destacó que la división de funciones entre fiscales, jueces y defensores representa uno de los aspectos centrales del nuevo esquema.
“Los fiscales investigan, el juez decide y la defensa hace lo que tiene que hacer”, resumió. En esa línea, sostuvo que la participación de los abogados defensores es indispensable para garantizar la transparencia de las actuaciones. “Sin defensa no hay justicia”, afirmó.
Explicó además que las actuaciones de la fiscalía deben contar con la intervención de la defensa y que el sistema contempla mecanismos de revisión y apelación para que las decisiones puedan ser examinadas por otros magistrados.
Otro aspecto que destacó fue la mayor claridad que, a su entender, existe actualmente en los procedimientos judiciales, especialmente al momento de explicarles a las personas imputadas los alcances de un acuerdo de juicio abreviado y las consecuencias de aceptar una condena.
Gay señaló que, si advierte que una persona no comprende lo que está aceptando, prefiere no avanzar con el acuerdo. “Si tengo dudas, listo, se terminó”, expresó, al remarcar que no corresponde convalidar una decisión sin que el imputado entienda sus implicancias.
Una trayectoria con más de 2.000 audiencias
Durante la charla, el coordinador de la UFI de Delitos Genéricos repasó su recorrido profesional. Después de ingresar al Poder Judicial mediante concurso, pasó por distintas áreas y fiscalías, entre ellas la correccional, Flagrancia y Delitos contra la Propiedad, antes de asumir su actual función.
Indicó que, desde que comenzó a desempeñarse como fiscal de primera instancia en 2021, participó en aproximadamente 2.000 audiencias y entre 400 y 500 condenas. Incluso recordó jornadas en las que llegó a intervenir en ocho audiencias, una tarea que, según explicó, requiere del acompañamiento permanente de ayudantes fiscales y auxiliares.
Finalmente, reconoció que no esperaba ser convocado para coordinar la UFI de Delitos Genéricos, aunque consideró que su experiencia en distintas áreas del Ministerio Público le permitió adaptarse a las nuevas responsabilidades. También destacó el trabajo en equipo y la necesidad de mantener una respuesta cercana a la ciudadanía.