Los alumnos de la UNSJ y de los colegios preuniversitarios se quedarán sin clases durante tres días la semana que viene. Los gremios docentes confirmaron un paro de 72 horas en reclamo por el Financiamiento Universitario, en medio de una disputa judicial con el Gobierno nacional.
Así lo informaron SiDUNSJ y ADICUS, los gremios que agrupan a la docencia universitaria en San Juan. La medida se resolvió en un plenario de secretarios generales de Conadu y Conadu Histórica, después de que el Gobierno rechazara cumplir con una cautelar (una orden judicial que obliga a actuar de manera provisoria mientras dura el juicio) dictada a favor de las universidades.
Días atrás, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, había intimado al Gobierno a cumplir esa cautelar en un plazo de cinco días. El Ejecutivo respondió que apelará la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, lo que reactivó la protesta gremial.
El paro se hará los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Con esta medida, los alumnos de la UNSJ acumularán 40 jornadas sin clases en lo que va del año por los distintos paros docentes, un reclamo que ya llevó a un grupo de padres de alumnos preuniversitarios a presentar una demanda judicial.
La medida de fuerza se da en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre en todo el país.
Desde los gremios aclararon que el paro puede quedar sin efecto. Si el Gobierno de Javier Milei cumple antes del martes 29 de septiembre con la Ley de Financiamiento Universitario y con la recomposición salarial docente, la medida se levanta.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025 y luego vetada por Milei. El Parlamento insistió con la norma con los dos tercios de votos en ambas cámaras, un trámite que el Senado completó el 2 de octubre de ese año.
El Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su aplicación al argumentar que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. Esa decisión llevó a las universidades a la demanda judicial que terminó en la cautelar hoy vigente.