La detección de más de ocho mil causas penales en los
juzgados federales de Rosario que no fueron comunicadas a los fiscales y por
ello están paralizadas produjo un tembladeral institucional dentro y fuera del
campo jurídico. «Hay responsabilidad funcional. Es grave lo que sucedió en
la Justicia Federal durante mucho tiempo en Santa Fe», dijo este martes el
gobernador Maximiliano Pullaro.
Este lunes LPO reveló que la Procuración General de la
Nación había detectado que en los dos juzgados federales de primera instancia
de Rosario hay más de ocho mil causas penales acumuladas en los últimos años
que no tuvieron ningún trámite. Eran expedientes anteriores a mayo de 2024
cuando entró en vigencia el sistema acusatorio que supone audiencias orales y
públicas en cada etapa de los procesos judiciales. Recién ahora las fiscalías
federales fueron informadas de su existencia.
Esto supone que estas causas pueden implicar ilícitos que se
mantienen en la impunidad. Ocurre en los juzgados federales 3 a cargo de Carlos
Vera Barros y en el cuatro que está vacante desde que le aceptaron la renuncia
a Marcelo Bailaque, hoy con prisión preventiva imputado por tres delitos por
hechos de corrupción.
«Lo que le sucedió a Rosario no es gratis. Yo denuncié
a Bailaque en 2012 a través de Jorge Álvarez. Esta ciudad fue golpeada y
pateada pero no crean que no fue adrede», le dijo Pullaro al periodista
Hernán Funes de Cadena 3 al referirse a la novedad.
La Cámara Federal de Rosario que preside Aníbal Pineda tiene
la superintendencia sobre el funcionamiento de los juzgados de primera
instancia pero sus miembros se enteraron de lo que ocurría en la esfera de su
control porque los fiscales federales de Rosario comunicaron que,
insólitamente, estaban recibiendo expedientes de la época en que regía el
anterior Código Procesal, algunos iniciados en el año 2020. Algo completamente
inaceptable para ellos dada la dificultad de investigar hechos a tanto tiempo transcurrido.
Fuentes de la Cámara Federal que hablaron con LPO apuntaron
rápidamente para abajo cuando se preguntó cómo había podido pasar tal cosa.
Indicaron que las responsabilidades apuntan a los secretarios de los juzgados
que son los que llevan las estadísticas de las causas.
Sin embargo parece notarse un problema sistémico que, sin
excluirlos, excede a los jueces de primera instancia. Cuando los juicios eran
escritos en la primera etapa, en la de instrucción, la invisibilidad del
trámite llevaba a enjuagues con los casos que los llevaban a prescribir sin
sanción para los infractores.
Un caso típico y reiterado contado con detalle a LPO desde
adentro de la Justicia Federal de Rosario es el de causas tributarias. El
circuito era el mismo y se narra así.