La causa contra Carina Fernanda Godoy, conocida como la «Viuda Negra», sumó este viernes nuevos detalles en una audiencia de cuatro horas ante la Justicia sanjuanina. La fiscalía la acusa de encabezar una estafa contra siete adultos mayores, de los cuales uno murió en circunstancias que ahora se investigan, otro fue encontrado tras estar desaparecido y dos más permanecen en grave estado de salud.
El expediente ya no se limita a los primeros hechos atribuidos a Godoy: hoy incluye a siete víctimas y a 11 imputados. La audiencia estuvo a cargo de la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, mientras que el fiscal Eduardo Gallastegui, junto a Milena Berbari, acusó a Godoy y a su entorno por el delito de estafa.
Según la hipótesis fiscal, Godoy se habría acercado a personas mayores que vivían solas o en situación de vulnerabilidad para ganarse su confianza. A partir de ese vínculo, habría conseguido documentación, datos bancarios y acceso al home banking (la banca por internet) de sus víctimas, siempre según la acusación.
Con esa información se habrían tramitado créditos y préstamos bancarios, mutuales y comerciales a nombre de los damnificados. La fiscalía sostiene que, apenas acreditado el dinero, buena parte se transfería a cuentas de familiares y allegados de la acusada.
Los investigadores encontraron un dato clave para sostener esa hipótesis: varias operaciones habrían quedado registradas con direcciones IP, teléfonos y correos electrónicos vinculados al entorno de Godoy. En algunos casos, señala la fiscalía, las cuentas que recibían los créditos lo hacían de forma casi inmediata.
Entre los siete adultos mayores señalados como víctimas hay un hombre que murió en abril de 2021, cuya muerte los investigadores analizan en relación con las maniobras atribuidas a la banda. También hay otro adulto mayor que estuvo desaparecido y que fue hallado en una vivienda del barrio Córdoba, en condiciones de salud y de higiene muy precarias.
Ese hombre contó a los investigadores que lo habían mantenido encerrado y que no podía salir del lugar. Dijo además que nunca pidió los créditos que figuraban a su nombre y que antes había tenido una vivienda propia que le habrían quitado antes de trasladarlo a esa casa.
La causa también incluye a un jubilado ciego y exmédico, con una jubilación elevada, a cuyo nombre se habría gestionado un crédito cercano a los 50 millones de pesos. Los demás damnificados son personas viudas, que viven solas o con poco contacto familiar, y algunas atraviesan cáncer o discapacidad motriz.
Por la situación en la que fueron hallados dos de los adultos mayores, la fiscalía dio aviso al área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. El organismo deberá evaluar el estado de esas personas y garantizar su cuidado mientras avanza la causa.
La investigación no se detiene en el dinero: también apunta a cómo la banda habría avanzado sobre las viviendas de las víctimas. Según la fiscalía, en una escribanía se habrían tramitado poderes de amplias facultades (documentos que permiten a otra persona vender o disponer de los bienes de alguien) para quedarse con esas propiedades.
Uno de los casos con más peso en la causa es el de la víctima que murió el 3 de abril de 2021. El hombre tenía una casa en calle Catamarca donde hoy viviría gente del entorno familiar de Godoy, luego de que un poder tramitado en esa misma escribanía le otorgara a la acusada un usufructo vitalicio (el derecho a usar la propiedad de por vida) sobre el inmueble.
Apenas tres semanas después de esa muerte, el 26 de abril de 2021, se realizaron operaciones sobre otras tres propiedades de la víctima, ubicadas en Capital, Rawson y Caucete. La fiscalía investiga si esos trámites podían hacerse con el poder que se usó y también apunta contra el escribano que intervino.
Entre los imputados figuran, además de Godoy, Enzo Araya Godoy, María Alejandra Pugliese Suárez, Analía del Carmen Rodríguez, Celeste Rodríguez Roldán, Rocío Solar, Micaela Araya, Juan Ignacio Gómez, José Rodríguez y Sofía Aguilera. La fiscalía los acusa de haber participado en la maniobra, ya sea recibiendo dinero en sus cuentas o facilitando las transferencias.
El rastro del dinero fue central en la audiencia. Un préstamo tramitado a nombre de una víctima terminó, en parte, en una cuenta de Miguel Ángel López, desde donde se detectaron transferencias hacia personas del entorno investigado, además de haberes jubilatorios que también se derivaban a terceros.
La fiscalía también detectó compras por aplicaciones de delivery pagadas con ese dinero y enviadas a domicilios que luego fueron allanados, donde se detuvo a varios de los imputados. La causa arrancó con denuncias individuales contra Godoy y creció con cada nuevo damnificado y cada rastro bancario hallado.
Con siete víctimas y once acusados, la Justicia busca ahora reconstruir el alcance total de la presunta red, cuánto dinero se obtuvo con los créditos y qué bienes fueron transferidos. Todas las imputaciones son hipótesis de la fiscalía que deberán probarse durante el proceso judicial.