Los vehículos acumulados en los depósitos judiciales de San Juan podrán tener un nuevo destino: volver a las calles o ser aprovechados como fuente de repuestos. La Legislatura provincial dio luz verde este jueves a una modificación de la Ley 1810-A, conocida como ley de chatarra, que incorpora cuatro artículos para habilitar la subasta pública de unidades secuestradas.
La medida apunta a reducir la cantidad de rodados que permanecen almacenados, especialmente en el Depósito Judicial de 9 de Julio, donde autos, motos y camionetas ocupan gran parte del espacio disponible. Hasta ahora, el procedimiento contempla la compactación de los vehículos y su transformación en chatarra, una alternativa que seguirá vigente con la nueva normativa.
Con los cambios aprobados, el Ministerio de Gobierno podrá impulsar remates de aquellos rodados que, tras una evaluación técnica, tengan posibilidades de ser recuperados y utilizados nuevamente. También se podrán ofrecer unidades que, aunque no estén en condiciones de circular, conserven piezas útiles para su reutilización.
El procedimiento para concretar las subastas quedará sujeto a la reglamentación que deberá establecer el Poder Ejecutivo. La normativa prevé condiciones de publicidad y transparencia, además de la participación de personas particulares y empresas interesadas en adquirir los vehículos o sus componentes.
Por el momento, no hay un plazo definido para la reglamentación, según indicaron fuentes legislativas.
Otro punto central de la modificación es el destino del dinero que ingrese por los remates y por la comercialización de la chatarra obtenida mediante la compactación. Los fondos podrán financiar obras de infraestructura social, sanitaria, educativa y ambiental, tanto en la provincia como en los municipios.
La ley también contempla que esos recursos se utilicen para campañas de educación y concientización ambiental, programas sociales y asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad.
Para garantizar el control sobre el uso de lo recaudado, el Ministerio de Gobierno deberá mantener un registro y presentar una rendición pública anual que detalle el destino de los fondos.
De esta manera, San Juan suma una alternativa para gestionar los vehículos acumulados en depósitos judiciales, con el objetivo de recuperar espacio, aprovechar unidades y repuestos que todavía tengan utilidad y generar recursos para distintas iniciativas públicas.