El Foro Permanente de Discapacidad cuestionó al Gobierno nacional por comparar la proporción de beneficiarios de pensiones por invalidez laboral con la de países que atravesaron guerras. La organización sostuvo que esa explicación deja afuera el peso de la pobreza y los cambios que ampliaron el acceso a las prestaciones.
La respuesta se conoció este lunes 2 de noviembre, después de las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier en su conferencia del martes 27 de octubre. El funcionario había dicho que el padrón de pensiones pasó de 75.947 prestaciones en 2001 a 1.221.971 en 2023.
Ravier sostuvo que, con esos números, Argentina tenía una proporción de pensionados por invalidez laboral similar a la de países que tuvieron o tienen guerras. El funcionario presentó esas cifras al anunciar que seguirán suspendidos miles de beneficios, mientras el Gobierno revisa el cumplimiento de los requisitos y busca detectar posibles irregularidades.
El Foro respondió que el crecimiento del padrón no puede explicarse solo con sospechas de fraude. Mencionó la eliminación de un cupo que limitaba las altas y las políticas que incorporaron a personas con discapacidad que vivían en la pobreza.
La organización explicó que las pensiones también alcanzaron a personas con serias dificultades para conseguir empleo y a niñas y niños con discapacidad, cuyas familias necesitaban recursos y acceso a tratamientos. «La pobreza enferma, desnutre, discapacita, daña e impide rehabilitarse», dijo el Foro en su comunicado.
La entidad vinculó esa situación con las barreras para acceder a salud, educación, medicamentos, apoyos y oportunidades laborales. Aclaró que no desconoce la existencia de errores o maniobras fraudulentas, pero rechazó que esos casos expliquen todo el aumento de las pensiones.
El Foro también cuestionó el alcance de los ejemplos patrimoniales que presentó el vocero para fundamentar sus críticas. Según la organización, el aumento respondió en parte al fin de un cupo rígido de 80.000 beneficios que condicionaba cada alta nueva a la baja de otra prestación.
El Gobierno, por su parte, mantiene suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Las familias afectadas tienen 30 días hábiles para presentar documentación y pedir la revisión del beneficio.
Según la explicación oficial, las suspensiones se debieron a la falta de antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para verificar que los beneficiarios siguen cumpliendo los requisitos.