El paro de colectivos continúa afectando al transporte público de San Juan y desde el Gobierno provincial cuestionaron la medida de fuerza llevada adelante por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La ministra de Gobierno, Laura Palma, sostuvo que el reclamo no fue comunicado formalmente y remarcó que tampoco se habría acatado la conciliación obligatoria dictada para intentar resolver el conflicto.
En diálogo con Radio Mil20, Palma calificó la situación como “lamentable” y afirmó que nuevamente los usuarios quedan afectados por un conflicto entre las partes. “Una situación lamentable porque deja nuevamente rehenes a todos los sanjuaninos de cuestiones que son internas”, expresó.
La funcionaria sostuvo que la medida de la UTA es “ilegal porque no ha sido comunicada” y señaló que, pese a la conciliación obligatoria, el servicio no se normalizó.
En ese marco, este jueves a las 11 está prevista una audiencia entre los representantes de las empresas nucleadas en ATAP y el gremio. Desde el Gobierno esperan que el encuentro permita alcanzar un acuerdo y destrabar la situación.
Palma aseguró además que la provincia realizó un ofrecimiento para abonar las diferencias salariales reclamadas por los trabajadores. Según explicó, la propuesta contemplaba depositar el dinero correspondiente a las diferencias del salario de septiembre, de acuerdo con la escala establecida en el convenio salarial homologado.
“En el día de ayer se hizo el ofrecimiento de depositar el dinero reclamado en concepto de diferencias salariales del mes de septiembre”, explicó la ministra. Sin embargo, indicó que la propuesta no fue aceptada y aseguró desconocer los motivos de esa decisión.
La funcionaria también diferenció el reclamo salarial de los choferes de las discusiones que mantiene el Gobierno con las empresas de transporte. “Hay dos situaciones diferentes”, señaló, y explicó que por un lado se encuentra la discusión con las compañías respecto de la estructura de costos y, por otro, el reclamo de la UTA.
En ese sentido, Palma remarcó que los choferes no son empleados del Estado sino de las empresas concesionarias. “Quien tiene que abonar los sueldos es la empresa”, afirmó, aunque reconoció que el reclamo de los trabajadores puede tener sustento porque, según indicó, existe una escala salarial que debía aplicarse y los choferes cobraron con la anterior.
La ministra sostuvo que el ofrecimiento realizado por la provincia tuvo como objetivo destrabar el conflicto y garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial. También defendió la postura que, según señaló, el Gobierno mantuvo durante los conflictos vinculados al transporte.
“Si hasta el día de hoy, en todo el tiempo que llevamos en cuestión, no hemos tenido situaciones de medida de fuerza, es porque el Gobierno siempre ha ido resolviendo los conflictos que se han generado”, afirmó.
Palma puso el foco además en las consecuencias que la interrupción del servicio genera entre los usuarios. “Para nosotros es realmente doloroso saber que hay niños que se han quedado sin ir a la escuela, que hay personas que no han podido llegar a su trabajo o que no han podido llegar a un turno médico”, sostuvo.
En esa línea, consideró que el reclamo de los trabajadores no debería afectar a quienes utilizan diariamente el transporte público. “No es la manera de reclamar un derecho perjudicando a un montón de trabajadores de la provincia de San Juan”, manifestó.
Finalmente, ante la posibilidad de que no haya un acuerdo durante la audiencia, la ministra señaló que la provincia se ajustará al marco legal vigente y no descartó la aplicación de sanciones.
“Hay un marco legal que hay que respetar y nosotros nos vamos a ajustar a todo lo que diga la ley”, aseguró Palma. Y aclaró: “Nosotros no estamos en contra de los choferes de la provincia de San Juan, eso que quede claro, sabemos que son trabajadores. Nosotros solamente pedimos que se respete la ley y que se cuiden los sanjuaninos”.