El Gobierno nacional intenta reactivar el debate del denominado Súper RIGI en el Senado, donde las diferencias sobre las condiciones de contratación de proveedores locales mantienen paralizado el proyecto. Con el cierre del período de sesiones ordinarias cada vez más cerca, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, analiza una alternativa para acercar posiciones y permitir que la iniciativa avance.
El régimen busca incentivar inversiones que superen los USD 1.000 millones en industrias consideradas estratégicas para el desarrollo futuro. Sin embargo, la discusión quedó trabada luego de que 3 senadores reclamaran modificaciones para evitar que las ventajas previstas para los proyectos terminen favoreciendo la compra de productos extranjeros por sobre los fabricados en el país.
El planteo fue impulsado por el radical Maximiliano Abad, el peronista no kirchnerista Carlos Espínola y el titular del bloque del PRO, Martín Goerling. Los legisladores proponen establecer criterios más precisos para determinar cuándo un proveedor argentino puede competir en condiciones equivalentes con uno del exterior.
Uno de los puntos centrales de la propuesta fija que una oferta nacional podrá considerarse competitiva si su precio no supera en más de un 15% al de una alternativa importada, siempre que ambas cumplan con requisitos equivalentes de calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega.
Además, el borrador contempla que la autoridad de aplicación consulte a entidades empresariales representativas de los sectores productivos involucrados antes de concluir que no existe oferta nacional suficiente para abastecer las necesidades de cada proyecto. La comparación de precios también debería contemplar los costos vinculados con la importación y la entrega de los bienes o servicios.
La discusión se produce después de que Patricia Bullrich, referente de La Libertad Avanza en la Cámara alta, respaldara otras modificaciones vinculadas con el incentivo del 20% para la adquisición de bienes nacionales. También se plantearon requisitos para garantizar que las nuevas inversiones cuenten con capacidad de conexión al sistema eléctrico y puedan cubrir sus necesidades de abastecimiento sin comprometer la seguridad de la red.
El nuevo texto está bajo análisis y todavía no hay una definición sobre su tratamiento legislativo. Si el Senado introduce modificaciones y aprueba el proyecto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.
La negociación también se vincula con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), otra propuesta que espera avanzar en el Congreso y que contempla proyectos de grandes empresas a partir de los USD 12 millones. El jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, aguarda avances en esa iniciativa, que también enfrenta diferencias por las condiciones de aplicación.
Con poco margen antes de finalizar las sesiones ordinarias, el oficialismo busca resolver los puntos pendientes de ambos regímenes. Si no logra avanzar con el calendario legislativo previsto, la discusión podría quedar para un eventual período de sesiones extraordinarias, cuya convocatoria depende del Poder Ejecutivo.