La causa por la presunta estafa con la venta de lotes que tiene como imputados a los empresarios Rubén Martín González y Denise Robles sumó una nueva resolución judicial este jueves. El juez Guillermo Heredia decidió extender por otros cinco meses la prisión domiciliaria de ambos, investigados por una maniobra que habría afectado a más de 200 personas y generado un perjuicio económico superior a los $1.000 millones.
La audiencia se desarrolló en Tribunales, donde los abogados querellantes, encabezados por Néstor Olivera y Marcelo Sández, solicitaron que los acusados continuaran detenidos, pero esta vez en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas. El pedido estuvo motivado por presuntas irregularidades en el cumplimiento de las condiciones impuestas para la detención domiciliaria.
Entre los episodios mencionados durante la audiencia, la querella hizo referencia a una supuesta salida de González de su vivienda y a una ocasión en la que Robles Bonadé presuntamente no habría atendido a efectivos policiales. Para los representantes de los damnificados, estas situaciones ponían en duda el cumplimiento de las restricciones judiciales y justificaban un cambio en la modalidad de detención.
Sin embargo, Heredia rechazó el traslado al considerar que no se habían presentado elementos documentales suficientes para acreditar los incumplimientos denunciados. De esta manera, los empresarios continuarán privados de la libertad en sus domicilios durante cinco meses más, mientras avanza la investigación.
El expediente reúne una importante cantidad de hechos y personas afectadas por operaciones vinculadas a la comercialización de terrenos. Según lo expuesto por la Fiscalía, a González se le atribuyen 159 hechos de estafa, mientras que Robles Bonadé enfrenta imputaciones relacionadas con 141 hechos.
En el caso de González, la acusación contempla presunta estafa y desbaratamiento de derechos, en concurso real y en calidad de autor. Robles Bonadé, por su parte, está imputada por presunta estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos, también en concurso real y como autora.
El perjuicio económico estimado supera los $1.000 millones, una cifra que refleja la dimensión de una causa marcada por la multiplicidad de operaciones investigadas y la cantidad de damnificados.
Ambos empresarios llevan más de 20 meses alcanzados por medidas cautelares en el marco del proceso. Con la nueva resolución, la prisión domiciliaria se mantendrá durante cinco meses adicionales, mientras la Justicia continúa trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.