La situación judicial de Fernando Cerimedo se complicó nuevamente en Bolivia. El consultor político argentino recibió una segunda orden de prisión preventiva, esta vez dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión fue tomada por el juez Douglas Borda luego de una audiencia virtual que se extendió durante unas 6 horas. El magistrado dispuso un plazo de 6 meses de detención preventiva y estableció como destino el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el departamento de La Paz.
Cerimedo permanece actualmente alojado en Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde cumple otra medida de prisión preventiva por la investigación relacionada con la presunta tentativa de feminicidio de su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, de 33 años, quien sobrevivió tras recibir 3 disparos.
La defensa cuestionó la nueva resolución judicial. Ernesto Giraldes, abogado del argentino, sostuvo que la Fiscalía no logró acreditar de qué manera su representado habría provocado un perjuicio al Estado. También manifestó su preocupación por un eventual traslado a Chonchocoro y advirtió sobre los riesgos para la integridad de Cerimedo.
Durante la audiencia, el propio acusado rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene intención de escapar de Bolivia.
“Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, sostuvo entre lágrimas al referirse a su situación personal y familiar.
La investigación por enriquecimiento ilícito se incorporó a un expediente que ya acumula varias causas contra el estratega argentino. Además del proceso por la presunta tentativa de feminicidio, enfrenta investigaciones por violencia intrafamiliar y legitimación de ganancias ilícitas. También existe una causa abierta por una presunta vinculación con el tráfico de drogas.
Uno de los elementos que analiza la Fiscalía es el dinero encontrado durante distintos allanamientos. Según la acusación, los investigadores secuestraron unos USD 500.000 en efectivo, además de bolivianos y euros.
Cerimedo justificó su patrimonio durante su declaración y aseguró que sus ingresos anuales rondan el USD 1 millón. Según explicó, ese dinero proviene de su actividad profesional como consultor y estratega de campañas políticas.
El argentino también negó haber intentado escapar de la Justicia y cuestionó la acusación que sostiene que buscó abandonar el país para evitar las investigaciones.
La audiencia además estuvo marcada por un fuerte cruce político. El vicepresidente boliviano, Edmand Lara, intervino para solicitar que Cerimedo fuera trasladado a Chonchocoro. El acusado respondió con dureza y negó haber tenido la influencia dentro del Gobierno que le atribuyó el segundo mandatario.
Cerimedo también rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que no es asesino, narcotraficante ni una persona violenta. Además, cuestionó la participación de Lara en la audiencia al considerar que podía tratarse de un intento de presión sobre el proceso judicial.
Otro de los puntos que generó controversia fue una tarjeta encontrada en poder del argentino en la que figuraba como “asesor principal” del presidente Rodrigo Paz. Cerimedo aseguró que se trataba de un modelo que había solicitado, pero que nunca llegó a imprimirse porque ese cargo no existe formalmente dentro del Estado.
El propio Paz tomó distancia de Cerimedo y aseguró públicamente que nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno boliviano ni a su familia.
Mientras la Justicia define cómo se aplicará la nueva orden de detención, Cerimedo continúa privado de su libertad y bajo investigación en varios expedientes que mantienen en vilo al ámbito político boliviano.