La violencia contra las trabajadoras sexuales volvió a quedar en el centro del debate luego de una serie de ataques registrados en distintos puntos del país. En ese contexto, representantes del colectivo realizaron manifestaciones para reclamar justicia por cuatro homicidios ocurridos en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En San Juan, también hubo una movilización en el marco de la jornada nacional del 3N.
En diálogo con Radio Mil20, Mariana Cánovas, presidenta del Consejo de la Diversidad y representante de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), expresó su preocupación por el escenario que atraviesa el colectivo y cuestionó el avance de los discursos de odio.
«Una persona no debe ser atacada ni violentada por el solo hecho de existir como ser humano», sostuvo. Además, contó que durante la jornada de protesta en San Juan recibió comentarios discriminatorios en redes sociales y advirtió que, en ocasiones, las reacciones se concentran más en las expresiones de las manifestantes que en la gravedad de los hechos de violencia.
La realidad de las trabajadoras sexuales en San Juan
Cánovas explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el sector es la falta de una legislación laboral que garantice derechos y protección. Según señaló, esta situación deja a muchas trabajadoras expuestas a situaciones de violencia y desamparo.
También indicó que en otras provincias existen casos de trabajadoras sexuales que, al intentar denunciar agresiones ante la Policía, terminan siendo reprimidas o no consiguen que sus denuncias prosperen debido a su actividad.
En cuanto a San Juan, destacó que existe otro tipo de acompañamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Explicó que los efectivos realizan recorridas nocturnas por las zonas de trabajo para controlar que las mujeres no hayan sufrido agresiones.
Además, valoró la presencia de cámaras de seguridad en Capital y la intervención del CISEM ante situaciones de emergencia.
Sin embargo, reconoció que persisten episodios de hostigamiento. Entre los hechos mencionados, contó que algunas trabajadoras reciben pañales usados arrojados desde vehículos y que una compañera llegó a ser atacada con agua caliente.
La referente también señaló que, con el paso del tiempo, lograron establecer acuerdos de convivencia con vecinos de las zonas donde trabajan, aunque todavía se registran situaciones de discriminación.
El reclamo por una ley laboral y derechos básicos
Uno de los principales planteos de AMMAR apunta a que el trabajo sexual deje de desarrollarse en condiciones de clandestinidad y cuente con un marco legal que reconozca los derechos de quienes ejercen esta actividad.
En ese sentido, Cánovas pidió que se avance con el proyecto de ley presentado por la organización a nivel nacional. La iniciativa contempla derechos laborales y busca que las trabajadoras puedan acceder a aportes jubilatorios, cobertura de salud y posibilidades de acceder a una vivienda.
La dirigente recordó que años atrás existió una iniciativa para permitir que las trabajadoras sexuales se inscribieran como monotributistas, pero el sistema terminó colapsando ante la cantidad de solicitudes y la propuesta no prosperó.
«Las trabajadoras sexuales estando en la clandestinidad también son un negocio para mucha gente», manifestó al cuestionar los intereses que, según consideró, se benefician de la falta de regulación.
Preocupación por los discursos de odio y la discriminación
Durante la entrevista, Cánovas también relacionó los ataques contra el colectivo con un escenario más amplio de violencia social y discriminación.
Advirtió sobre el uso de las redes sociales, especialmente TikTok, para generar contenido basado en burlas y agresiones contra personas por su aspecto físico, su condición social o su identidad.
«Si vamos a ser influencers de esa forma, creo que el retroceso humano es terrible», expresó.
Por último, consideró que antes de avanzar con el reconocimiento de los derechos laborales del colectivo también es necesario tratar una ley antidiscriminatoria que permita prevenir y sancionar este tipo de agresiones.
Para Cánovas, el reclamo no se limita a conseguir mejores condiciones de trabajo, sino que también busca garantizar que las trabajadoras sexuales puedan desarrollar su actividad sin sufrir violencia, discriminación ni quedar desprotegidas ante la Justicia.