Si en 2024 fue difícil operar con un presupuesto basado en cálculos de 2022 renovados para 2023, las proyecciones para 2025 no son más alentadoras. De hecho, la Secretaría Administrativo-Financiera, bajo la dirección de Ricardo Coca, se vio obligada a implementar una compleja redistribución financiera para extender los recursos entregados para el período agosto-diciembre de 2024 a lo largo de los doce meses de 2025.
Según Coca, este escenario genera una pérdida aproximada del 30% en fondos operativos, lo que repercute directamente en un presupuesto atado a índices inflacionarios que no contemplan los costos reales de servicios esenciales para mantener el funcionamiento adecuado de la universidad.
Este recorte impacta severamente en obras, adquisición de equipamiento a largo plazo y el desempeño global de las actividades universitarias.
Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se encuentra elevando reclamos urgentes, a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
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