El Gobierno nacional anunció este miércoles un giro drástico en su política migratoria. A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, se comunicaron una serie de reformas que endurecen los requisitos para acceder a la residencia permanente y a la ciudadanía, a la vez que imponen el pago por servicios de salud y educación pública para extranjeros en situación irregular o transitoria.
«Argentina no será tierra fértil para delincuentes», lanzó Adorni en una conferencia sin preguntas, con la presencia destacada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre los cambios más relevantes, el funcionario confirmó que todo inmigrante condenado por un delito será deportado, sin importar la gravedad del hecho, y que se reducirán los plazos de apelación para acelerar las expulsiones.
En paralelo, el Gobierno fijará nuevas condiciones para quienes busquen la ciudadanía: solo podrán acceder quienes residan de forma continua durante al menos dos años sin salir del país. «Ya no se recompensará con la ciudadanía a quienes ingresen o permanezcan de manera irregular», subrayó Adorni.
También se establecerá la obligatoriedad de presentar un seguro médico al ingresar al país y, a partir de ahora, los inmigrantes ilegales y temporales deberán pagar por los servicios de salud. Las universidades nacionales quedarán habilitadas para cobrar a estudiantes extranjeros si así lo disponen, en función de su autonomía institucional.
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