El Gobierno nacional avanza con un proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral y evalúa suspender más de 220.000 beneficios, tras detectar múltiples irregularidades en los controles realizados por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El monto total en revisión ronda los $900 mil millones anuales.
Entre los casos relevados se detectaron situaciones insólitas, como beneficiarios fallecidos que seguían cobrando, radiografías reutilizadas en hasta 150 trámites distintos, personas prófugas recibiendo pensiones, diagnósticos otorgados por pie plano y hasta una mujer que se disfrazaba de su esposo fallecido para continuar percibiendo el beneficio.
Las pensiones observadas forman parte del universo de más de 1.800.000 personas con Certificado Único por Discapacidad (CUD). Según fuentes oficiales, muchas de estas asignaciones habrían sido otorgadas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández bajo criterios «discrecionales» y no estrictamente médicos.
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