El proyecto oficialista de Ley de Ficha Limpia, que impedirá a personas condenadas por delitos contra la administración pública a ocupar cargos públicos, recibió media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados. La legisladora nacional, Nancy Picón, dialogó con Amanecidos de Radio MIL20 donde dio su opinión.
La diputada nacional aclaró en primer lugar que el proyecto, aunque originalmente buscaban incluir más delitos dentro de su alcance, se enfoca únicamente en los delitos contra la administración pública. «Por supuesto, la discusión sobre incluir más delitos estuvo presente. Muchos queríamos ampliar la lista, pero eso generaba cierta resistencia en algunos sectores, lo que podría haber puesto en riesgo la aprobación del proyecto actual. Por tanto, optamos por centrarnos en esta base, que considero fundamental, ya que los delitos contra la administración pública afectan directamente a todos los argentinos. Cada vez que se cometen estos delitos, las consecuencias impactan áreas cruciales como la salud, la educación o la infraestructura pública porque implican el uso indebido de recursos estatales que pertenecen a los 46 millones de habitantes del país».
En relación a que el texto, así como está redactado, se entiende como un intento de sacar de la cancha a Cristina Kirchner, quien fue condenada el año pasado en segunda instancia en la causa Vialidad, Picón dio declaraciones fuertes: «Es cierto que algunos integrantes de Unión por la Patria señalaron que este proyecto buscaba proscribir a Cristina Fernández. Sin embargo, me pareció llamativa la manera en la que defendieron su postura. Nadie afirmó que Cristina era inocente o negó los hechos concretos; más bien aceptaron implícitamente las acusaciones al plantear que ella había sido procesada y condenada. Su defensa parecía más una aceptación de su situación legal que una negación de su culpabilidad. Al fin y al cabo, aunque sea delincuente, ella sigue siendo la líder política de ese espacio«.
«Esta no es una ley diseñada contra una persona en particular. Hay que recordar que su desarrollo comenzó alrededor de 2016-2017, con Marcelo Ruego como diputado nacional. En ese momento no estaba enfocada en Cristina ni en nadie específico. Si alguien resulta alcanzado por esta ley es porque no cumple con sus requisitos, no porque esté diseñada en su contra. Es una herramienta pensada para beneficiar a los argentinos y promover valores como la honestidad en el manejo de lo público», añadió.
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