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La discusión sobre el desarrollo minero en San Juan expone una contradicción que todavía nadie ha logrado resolver. Mientras el gobierno provincial impulsa un proyecto destinado a fortalecer la participación de proveedores y trabajadores locales, la provincia adhirió sin objeciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una norma nacional que establece que ninguna disposición provincial o municipal puede alterar las condiciones y beneficios otorgados por ese régimen.
En los hechos, ambas visiones parecen entrar en tensión. El proyecto de desarrollo minero promovido por la administración de Marcelo Orrego pretende garantizar una mayor participación sanjuanina en la cadena de valor. Sin embargo, el RIGI sólo contempla una obligación mínima de contratación de proveedores argentinos del 20%, siempre que puedan competir en precio y calidad con oferentes extranjeros.
Allí aparece uno de los grandes desafíos. El llamado «costo argentino», producto de la presión tributaria, los costos logísticos y las distorsiones económicas acumuladas durante décadas, conspira contra la competitividad de muchas empresas nacionales. En consecuencia, una norma pensada para atraer inversiones puede terminar favoreciendo la importación de bienes y servicios en detrimento del entramado productivo local.
No es casual que varios directivos de las principales compañías con proyectos en San Juan observen con reservas las iniciativas que apuntan a elevar los niveles de contratación local. Las aceptan como una necesidad política y social, pero no necesariamente como una ventaja económica.
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