La Ruta de los 16 millones
En el marco de la desregulación del mercado energético impulsada por Milei, que ha llevado el precio del abastecimiento eléctrico para industrias al valor más alto en 30 años (según datos de CAMMESA), salen a la luz documentos que señalan a SAP Energía SAS como la firma local que accedió, hace cinco años, a un grupo de generadores hidroeléctricos en la red de canales con la simple promesa de pagar la deuda de un tercero al ESPE. La deuda no se pagó pero los «saltos» siguen en manos de la empresa. Hace dos años, Energía Provincial Sociedad del Estado intimó y accionó judicialmente sin que la causa avance todavía.
Durante años, la crisis de Electrometalúrgica Andina (EMA) pareció quedar reducida a una empresa quebrada, una industria paralizada y cientos de trabajadores afectados. Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso este medio muestran que detrás de esa historia existe otra trama, poco conocida, que involucra a una empresa estatal, cuatro centrales hidroeléctricas y un compromiso de pago que todavía merece una explicación pública.
La documentación corresponde a una de las Adendas del contrato de provisión de silicio firmado originalmente en noviembre de 2013 entre Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y Electrometalúrgica Andina conocida históricamente como la Fábrica de Carburo, al que posteriormente fue incorporada SAP Energía S.A.S.
El contrato original tenía un objetivo estratégico: abastecer de silicio grado metalúrgico refinado a la futura fábrica provincial de paneles solares. Para ello, EPSE desembolsó 16 millones de pesos a EMA.
La entrega del silicio tenía un plazo de 18 meses pero la provisión del material nunca se concretó. El plazo feneció el 4 de mayo de 2015.
Durante años el acuerdo fue prorrogado, mientras EMA ingresaba en una profunda crisis económica que terminó con la paralización de su planta industrial y el inicio de un proceso de reestructuración.
La documentación también reconstruye otro hecho poco conocido: el 30 de junio de 2020, el ingeniero Javier Negri adquirió el 100 % del paquete accionario de EMA, según surge expresamente de la propia adenda.
El documento sostiene que la cesión de la concesión de las centrales hidroeléctricas Albardón, Ing Sardina, Pocito I y Pocito II a favor de SAP Energía fue autorizada con participación del Departamento de Hidráulica de San Juan y quedó condicionada a que SAP, cuya cara visible es Andrés Rupcic y Juan Manuel Quiroga, asumiera dos obligaciones centrales: cancelar los pasivos laborales de EMA al 30 de septiembre de 2018 y hacerse cargo de la deuda que EPSE mantenía con esa empresa. El acuerdo habría sido firmado ante el escribano Fernandez Aubone (registro 27 folio 285 del libro 30 firmado el 1 de julio de 2020)
La cláusula primera no deja demasiado margen para interpretaciones:
SAP Energía se compromete a cancelar el monto actualizado correspondiente a los 16 millones de pesos originalmente abonados por EPSE. Si no fue pagado, estamos hablando de varios cientos de millones de pesos.
La cláusula segunda fija un cronograma de pagos que comienza en 2021 y se extiende hasta el año 2050, actualizado según tasa activa del Banco Nación.
Como garantía, SAP ofreció la producción de 135.000 megavatios hora generados por las centrales hidroeléctricas cuya explotación le fue cedida.
A partir de allí aparecen varias preguntas que esperan respuesta pública:
¿Cumplió SAP Energía con el cronograma de pagos previsto en la adenda? ¿Qué monto fue efectivamente cancelado? ¿Existe actualmente un saldo pendiente con EPSE? En caso de incumplimiento, ¿la empresa estatal intimó el pago? ¿Se ejecutó o intentó ejecutar la garantía prevista en el contrato? ¿Qué intervención tuvieron el Directorio de EPSE, la Fiscalía de Estado y el Departamento de Hidráulica? ¿Qué dice el Acta N.º 3.187 del Consejo del Departamento de Hidráulica, fechada en julio del 2020 y mencionada expresamente en la documentación? ¿Cuál fue el seguimiento realizado por las autoridades que sucedieron a quienes firmaron el acuerdo?
En diálogo con éste periodista, el ex presidente del EPSE al inicio de la gestión de Marcelo Orrego, Federico Conte Grand admitió que la empresa estatal inicio un recurso legal para intentar cobrar la deuda después de años de inacción por parte de la gestión de Uñac. Desmintió por tanto que estuviera prescripta y señaló que la justicia determinará el monto actualizado de la deuda y los recursos que le quedan a SAP para cancelarla.
Meses después de la cesión de las centrales hidroeléctricas ocurrió el episodio que terminó con el despido del entonces secretario de Gestión Pública, Andrés Rupcic. Su socio, Juan Manuel Quiroga, intentó enviar una caja con dólares desde Buenos Aires en el avión sanitario del a provincia.. La causa se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Morón, donde Quiroga aclaró, en pleno cepo cambiario, que extrajo los dólares de su cuenta y los enviaba a Rupcic de SAP en efectivo porque la empresa aún no tenía cuenta para recibir la transferencia. Fue la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) la que detectó la caja con el dinero y formalizó la denuncia. Dirigentes sindicales del sector confirmaron que el dinero se destinó a la puesta a punto y al pago de insumos para el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas.
La Adenda III del acuerdo incorpora, además, una cláusula de estricta confidencialidad. Pero al involucrar a una sociedad del Estado, recursos públicos y un crédito cuya cancelación impacta sobre el patrimonio provincial, el tema es indudablemente de interés púbico.
Durante trece años, el contrato permaneció fuera del radar periodístico. Sin embargo, su contenido plantea una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿Qué hace que una empresa con semejante pasivo siga explotando las centrales hidroeléctricas y generando energía que podría haber estado vendiendo a empresas o distribuidoras ?