La Rioja pidió acceso al estudio de impacto ambiental del Proyecto Vicuña
El conflicto entre San Juan y La Rioja por el desarrollo minero Vicuña sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con reclamos formales del gobierno riojano y una resolución judicial que ordenó frenar temporalmente las actividades.
El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, explicó que la posición de su provincia surge tras años de diálogo con la empresa. «La síntesis del planteo deviene después de todo un proceso de diálogos que ya lleva aproximadamente seis años», señaló, y recordó que uno de los compromisos asumidos —la construcción de un by-pass en Guandacol para evitar daños urbanos— nunca se concretó.
El funcionario también cuestionó lo que considera una falta de información clave sobre el proyecto. «Advertimos una segmentación de los impactos ambientales, y esto nos niega conocer a ciencia cierta los detalles que el proyecto tiene previsto como impactos negativos para la provincia de La Rioja», sostuvo. Si bien reconoció que el emprendimiento se encuentra en territorio sanjuanino, remarcó la necesidad de reciprocidad entre jurisdicciones: «Pretendemos que también sea respetada nuestra autonomía en función de los impactos que se van a generar en nuestro territorio».
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