Tal como lo había adelantado la semana pasada, la CGT presentó ante la Justicia laboral un pedido de amparo sindical para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, con el cual el gobierno de Javier Milei pretende cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional.
La presentación fue hecha ante el Juzgado Laboral 3 a cargo de Moira Fullana en un escrito que pone en jaque la constitucionalidad de ese DNU desde varias aristas. Una de ellas tiene que ver con el debido proceso legislativo, ya que «la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto» sino a través de ley sancionada por el Congreso.
La otra cuestión que puso de relieve el texto es que la normativa dictada por el Poder Ejecutivo no sólo choca de frente con la legislación nacional sino también con la internacional que tiene rango constitucional.
Por ejemplo, con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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