La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió avanzar por la vía judicial para frenar el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que limita el derecho a huelga en actividades consideradas «esenciales». Aunque desde la central reconocen que representa un «ataque frontal» a los trabajadores, no hay consenso para convocar a un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei.
La presentación legal se hará ante el fuero laboral, siguiendo una estrategia similar a la que en diciembre de 2023 permitió impugnar parcialmente el polémico DNU 70/23.
El DNU, publicado el miércoles en el Boletín Oficial, obliga a garantizar hasta un 75% de los servicios en sectores clave durante una medida de fuerza. Entre las actividades alcanzadas se encuentran salud, educación, transporte de medicamentos, producción y distribución de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones y aeronáutica comercial. Para la CGT, esto representa un intento por vaciar de contenido el derecho a huelga, consagrado en la Constitución Nacional.
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