En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional reconoció que planea reformular el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas, reemplazando el actual sistema segmentado en tres niveles (altos, medios y bajos ingresos) por uno más simple que contemple solo dos categorías: quienes recibirán subsidio y quienes no.
Este cambio representa un giro relevante en la política energética oficial, orientado a mejorar la eficiencia administrativa y focalizar el gasto público en los hogares más vulnerables, en línea con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
Aunque la iniciativa apunta a una mayor equidad, también despierta interrogantes sobre su impacto social. La experiencia durante el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019) mostró que la quita acelerada de subsidios derivó en tensiones sociales, sobre todo en la clase media, que debió afrontar aumentos significativos en sus boletas.
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