El Gobierno pidió frenar el fallo y calcula un pago de $2,5 billones
En la madrugada, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El pedido busca suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación cuestiona la sentencia que confirmó la medida cautelar y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley N° 27.795, además de declarar la inaplicabilidad del artículo 1 del Decreto N° 759/2025. Según el texto, el recurso tiene efecto suspensivo para evitar el inicio de los pagos a las universidades.
El Poder Ejecutivo también pidió a los tres magistrados de la Corte Suprema que se excusen y que sean reemplazados por conjueces, ya que todos son docentes universitarios. En el Gobierno sostienen que la intervención del máximo tribunal es necesaria por una cuestión federal y porque la cautelar implica un «grave e irreparable perjuicio al Estado».
Desde la Casa Rosada remarcan que la ley fue ratificada dos veces en el Congreso, pero insisten en que «el estado actual sigue de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento». En ese marco, afirman que la norma no estableció partidas claras y que la ejecución del gasto requiere previsión presupuestaria aprobada por el Congreso.
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