El Gobierno nacional publicó este jueves el DNU 366/2025 que modifica la ley 25.871 que regula la política migratoria argentina, los derechos y obligaciones de los extranjeros y las atribuciones del Estado. Reemplaza artículos con el objetivo de endurecer el acceso a la ciudadanía y las deportaciones, habilitan el arancelamiento del sistema sanitario y de las universidades.
El decreto argumenta que «en la actualidad los movimientos migratorios se desenvuelven en un escenario global completamente distinto al de años anteriores, que presenta nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social». Y ponen como ejemplo el aumento del flujo migratorio producto de «la política de deportaciones que está llevando adelante el Gobierno de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA», la cuál, según citan palabras de Donald Trump, crecerá en una proporción importante.
Por ese motivo aseguran que «las facilidades extremas que existen actualmente para entrar y permanecer en el territorio nacional, así como de utilizar sin cargo los servicios de salud y educación, permiten prever que resulta probable que una proporción importante de esos deportados se radique o intente radicarse en nuestro territorio, lo cual generaría un impacto en la economía y en los servicios esenciales de la población». De ser así, afectaría los servicios provistos por el Estado, afirman.
En ese sentido, el decreto sustituye el «Artículo 6» que, previamente redactado, resguardaba tanto a los inmigrantes como a sus familias, mientras que la versión propuesta se limita al migrante: «El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario de los inmigrantes a las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, de acuerdo con los derechos y obligaciones correspondientes a cada categoría migratoria, en particular en lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social».
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