El Gobierno nacional confirmó que apelará el reciente fallo judicial que suspendió los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, los cuales buscaban imponer límites al ejercicio del derecho a huelga en sectores considerados esenciales y trascendentales. La medida había sido impulsada por el Ejecutivo a finales de mayo, pero fue frenada por la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 3, tras un amparo presentado por la CGT.
Desde Casa Rosada relativizaron el alcance de la resolución judicial y sostuvieron que la cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre el DNU 70/23 —firmado por el presidente Javier Milei al asumir— sigue vigente, lo que impediría, según fuentes oficiales, que la decisión judicial actual tenga efectos prácticos inmediatos. Aun así, el Gobierno dejó en claro que seguirá impulsando la reforma.
El DNU 340/25 generó controversia no solo por su contenido, sino también por su forma. Fue presentado bajo el nombre de Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, lo que, según especialistas, buscó disimular el verdadero alcance de su articulado. «Intentaron esconder estas modificaciones en un decreto técnico y poco visible. Fue un manotazo», opinó un abogado laboralista.
La jueza Fullana sostuvo que no se cumplían las condiciones excepcionales que exige la Constitución Nacional para legislar por decreto, y que el contenido del DNU vulneraba la división de poderes y el derecho a la libertad sindical. En su resolución, afirmó que no era verosímil ni el derecho invocado por el Ejecutivo ni la urgencia del dictado de la norma.
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