El Gobierno trabaja en un proyecto de ley en donde los barrabravas sean considerados como organizaciones criminales. Establece penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo.
Hasta el momento, el proyecto se encuentra en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia. La normativa también pone en el centro de la discusión a los organizadores de eventos deportivos, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la seguridad en los estadios. Se penalizará a aquellos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con antecedentes penales.
Lo que se buscará con esto es que las actividades como el transporte de armas, la reventa de entradas de protocolo y el control de estacionamientos por «trapitos» en las inmediaciones de los estadios sean castigadas penalmente. Asimismo, apuntarán a cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que se sustentan en prácticas ilegales como las extorsiones y amenazas.
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