A un año del inicio de la causa por presunta trata de personas en San Juan, que involucra al abogado sanjuanino Gustavo De la Fuente y al ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, las repercusiones se sienten dentro y fuera de los tribunales. La detención de ambos ocurrió tras una denuncia anónima que derivó en allanamientos en un estudio de transmisión por webcam, desde donde se ofrecía contenido para adultos generado por modelos.
La Justicia Federal, bajo la intervención del juez Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Fernando Alcaraz, imputó a los acusados por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, en perjuicio de al menos 21 mujeres. Según trascendió, se investigan posibles condiciones de vulnerabilidad y coerción en el funcionamiento del estudio, que ofrecía herramientas tecnológicas y espacio físico para la producción de contenido erótico o pornográfico.
Desde entonces, Quevedo permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva. Su defensa, a cargo de la abogada Gema Gallín, ha presentado múltiples recursos solicitando prisión domiciliaria, todos denegados.
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