A ocho meses del veto presidencial que dinamitó el consenso alcanzado el año pasado, la Cámara de Diputados vuelve a poner en marcha el debate por el financiamiento de las universidades públicas. En un nuevo capítulo de la pulseada entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, este martes el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un proyecto de ley para garantizar recursos actualizados y sostenidos para el sistema universitario.
La iniciativa fue acompañada por gremios docentes, organizaciones estudiantiles y escuchada por diputados de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. El texto se suma a otros cinco proyectos ya presentados por legisladores del peronismo, la izquierda y sectores del radicalismo no alineados con el oficialismo.
La Cámara baja se prepara ahora para emplazar el debate en comisión durante la próxima sesión, con el objetivo de llevarlo al recinto en las últimas semanas de junio. El tratamiento podría coincidir con una nueva Marcha Federal Educativa, que ya se empieza a gestar en distintas universidades del país. En un déjà vu, Guillermo Francos advirtió días atrás: «Norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos, el Gobierno la va vetar».
La presentación del proyecto coincidió con una jornada atravesada por una múltiple conflictividad social. A la tradicional marcha de los jubilados de los miércoles se sumó una protesta de científicos del CONICET contra el vaciamiento del sistema de ciencia y tecnología. La jornada terminó con una violenta represión frente al Congreso, donde jubilados y trabajadores de prensa fueron alcanzados por los gases lanzados por las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich.
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