
Tal como ocurrió con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno volvió a mostrarse inflexible con los funcionarios que no acatan al pie de la letra las directivas de Javier y Karina Milei. La Casa Rosada decidió desplazar al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, por «hechos graves».
De acuerdo a inobjetables fuentes oficiales, el malestar en la cúspide libertaria surgió a raíz de una serie de acciones por parte del exjuez de la Corte Suprema. Lo que produjo hartazgo es un reciente dictamen realizado del doctor Barra a favor de una empleada pública.
La trabajadora había presentado una impugnación porque el Poder Ejecutivo le había quitado un incentivo salarial, el cual había sido otorgado través de un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Ese acuerdo se dio de baja y derivó en el despido de más de 2500 estatales.
Sin embargo, el encono con el jefe de los abogados del Estado lleva varios meses. En los pasillos de Balcarce 50 manifiestan que «hace tiempo que Barra no juega a favor de los intereses Gobierno» y le adjudican la responsabilidad en «una serie de irregularidades más graves».
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