Un grupo de personas damnificadas denunció penalmente a la Cooperativa Fraternidad Sanjuanina y al gremio Unión Docentes Agremiados (UDA) por la presunta venta irregular de carpetas para acceder a viviendas. La causa es investigada por el fiscal Nicolás Alvo y la ayudante de fiscal, la Dra. Berbari.
Mariano Tapia, en representación de los afectados, expresó su indignación ante la situación. «Todos los meses pagaba mi cuota societaria, como la mayoría de las personas. Pero cuando se acercó la fecha de entrega del barrio, nunca nos convocaron al sorteo ni nos llamaron. Incluso cuando íbamos a la cooperativa, Segundo Salazar nos aseguraba que teníamos un lugar. Es una bronca tremenda porque han jugado con la ilusión de la gente y con nuestros ahorros», dijo a los micrófonos de TELESOL.
Según el testimonio de Tapia, la cooperativa continuó exigiendo pagos bajo la promesa de que, sin ellos, no podrían acceder a un supuesto anexo habitacional. «Nos hicieron seguir pagando la cuota societaria, pero no hay nada. Incluso hay muchas personas que han desistido de denunciar porque buscan desgastarnos y cansarnos», lamentó.
El abogado de los damnificados, Pablo Ávila, detalló que la denuncia fue presentada hace aproximadamente ocho meses y afecta a 36 familias que adquirieron terrenos para la construcción de viviendas. «El barrio se construyó, pero al momento de la entrega de las viviendas, estas familias se quedaron afuera sin figurar en ninguna lista. Sin embargo, contaban con contratos, recibos de pago y cancelación», explicó.
« — Para ver la nota completa, ingrese a la url de la nota — »