Cruces de gigantes en el ENRE: la batalla por el control de la línea de 500 kw y el futuro de la minería Editar epigrafeEditar embed
Este 3 de junio de 2026, la sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se convirtió en el epicentro de una disputa que trasciende lo técnico para instalarse en el corazón de la política económica y soberana de la Argentina. La audiencia pública, virtual convocada para tratar la solicitud de acceso a la capacidad de transporte y la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el proyecto minero Vicuña, derivó en un enfrentamiento multidimensional sobre quién tiene derecho a decidir sobre la infraestructura energética estratégica de una provincia. En el centro de la escena, la empresa Vicuña Argentina S.A. defendió su necesidad de obtener la prioridad de uso del 90% de la capacidad incremental de transporte en el corredor Nueva San Juan–Rodeo, argumentando que su millonaria inversión en obras de 500 kV es la «condición habilitante» indispensable para poner en marcha uno de los proyectos de cobre más grandes del mundo.
Sin embargo, esta pretensión de exclusividad relativa encendió alarmas en todo el arco productivo y político de San Juan. La introducción de la audiencia dejó claras las tres grandes objeciones que dominaron el clima: primero, el EPRE de San Juan denunció que la línea de 500 kV fue financiada por los ciudadanos y empresas sanjuaninas, por lo que su capacidad no es un excedente «regalable», sino un activo estructural comprometido para el desarrollo de la población; segundo, la empresa Los Azules calificó la asignación del 90% como una transferencia de activos públicos a un privado sin fundamento técnico transparente, advirtiendo que se basa en hipótesis simplificadas que no fueron auditadas; y tercero, la minera Barrick reclamó que se están ignorando sus derechos adquiridos como «beneficiario iniciador» tras haber invertido 55 millones de dólares en la misma red, exigiendo que se respete su reserva de 250 MW antes de otorgar cualquier prioridad a un tercero. Finalmente, el sector político, representado por el diputado Mario Herrero, alertó sobre una posible pérdida de la «soberanía energética provincial» si se permite que un solo actor condicione el abastecimiento futuro de otras actividades económicas.
El núcleo de la defensa de Vicuña: La energía como motor del megaproyecto
Adriel Rizzatto, gerente de Energía de Vicuña Argentina S.A., abrió la exposición con un tono institucional. Su mensaje fue inequívoco: Vicuña, una empresa conjunta entre Lundin Mining y BHP, está ante un desafío logístico y climático sin precedentes en plena Cordillera de los Andes, y sin una solución de transporte eléctrico robusto, el proyecto es inviable. Rizzatto explicó que la demanda inicial del proyecto alcanza los 260 MW, una cifra que por sí sola requiere una infraestructura de extra alta tensión (500 kV) que el sistema actual de la zona, operando mayoritariamente en 132 kV, no puede soportar.
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